La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ciudad Real ha presentado este miércoles en los Juzgados de Tomelloso un documento de 16 folios, en el que muestra su disconformidad con los acuerdos de unificación de criterios adoptados por la Audiencia Provincial y los gastos de formalización de la hipoteca

Esta iniciativa pretende dar continuidad a una acción que la plataforma inició en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a la que expuso sus quejas y reclamaciones. Posteriormente, la PAH-Ciudad Real ha entregado también este documento en los juzgados de Valdepeñas, Daimiel, Manzanares, Almagro, Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San Juan, entre otros.

Según, José Luis Huertas, portavoz de PAH, el Pleno de la Audiencia Provincial “adoptó un acuerdo respecto a la consideración de la cosa juzgada”  que afecta a las llamadas cláusulas abusivas y a los gastos de la hipoteca. Dicha decisión, ha continuado explicando Huertas,  obliga al  comprador al pago de la totalidad del Impuesto de Actor Jurídicos y a asumir la mitad del resto de los gastos, que son que el resto de gastos, que son muchos.

Huertas ha indicado que cuando una persona pide un préstamo hipotecario, el banco encarga los trámites a una gestoría “que la misma entidad impone”. Según la Audiencia Provincial el prestatario debe asumir los costes, que pueden oscilar entre 250 y 400 euros. El portavoz ha denunciado que la tasación de la vivienda viene impuesta por la entidad crediticia y que a pesar de ser un trámite que beneficia al banco “se debe pagar a medias”.

Por otro lado, la PAH ha denunciado que ahora los bancos tienen nuevas estrategias desahucio para evitar la “mala imagen de la Policía desalojando inmuebles”. Estas se basan tanto en la manera de acudir a la justicia o en la negociación con el afectado del pago de la deuda. En la que entran en juego los fondos buitre o las empresas de recobro. Huertas también ha denunciado otros aspectos que considera “abusivos” como el hecho de que los bancos “estén empezando a sustituir el procedimiento de ejecución hipotecaria por uno ordinario, que deja en peores condiciones al prestatario”. También ha afeado la entrada de los fondos de inversión en estos procesos, “así como el incumplimiento sistemático de las sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea que los jueces españoles están llevando a cabo”.

La plataforma también encuentra injusto que las devoluciones de las clausulas suelo solo se efectúen a partir del 9 de mayo de 2013. “Esto le cuesta al afectado a volver a pleitear con los gastos que eso supone para conseguir el resto. Existe, según ha dejado claro Huertas, una sentencia del Tribunal Supremo basada en otra del Tribunal de Justicia Europeo que es contraria a esta fecha límite.

Huertas ha denunciado que, a pesar de que hay muchas sentencias de Europa que obligan a los tribunales españoles a que si ven que existen cláusulas abusivas, actúen de oficio emplazando a las dos partes, los jueces españoles no las admiten como posición. Esa circunstancia obliga a ir a un procedimiento paralelo, desviando el asunto y generando dos procedimientos en lugar de uno, ha reiterado el portavoz. Tampoco, ha seguido relatando José Luis Huertas, se respetan las sentencias europeas que consideran “nula de pleno derecho” la cláusula de cancelación.

Tras esgrimir estos argumentos, el portavoz de la PAH de Ciudad Real, considera que se ha generado una situación de “desequilibrio de poder entre ambas partes, agrandando la desconsideración hacia una de las partes del contrato como consecuencia de incrementar el poder, ya pos si dominante, de la otra”.