Los sindicatos han instado a la Administración a tomar medidas contundentes y eficaces para proteger a los profesionales sanitarios en su ámbito laboral para que puedan llevar a cabo, con total seguridad, el desempeño de sus funciones y también han reclamado al Sescam la revisión del Plan Perseo para que los profesionales puedan trabajar de forma segura.

Francisco Ariza Trigueros, delegado sindical del CSI.F ha dado lectura a un Manifiesto, si bien ha dejado claro que la concentración es de todos los sindicatos que representan a todos los trabajadores, "aquí nadie quiere ningún tipo de protagonismo". En el manifiesto se denuncia la lacra de las agresiones a profesionales sanitarios que en el 2018  dejó 6.384 casos, con especial incidencia en las mujeres que fueron víctimas del 70 por ciento de las agresiones. “Hablamos de un problema de violencia en sí mismo con el que hay que tener tolerancia cero. La consideración de las agresiones como delito de atentado contra la autoridad pública y la puesta en marcha de un interlocutor policial territorial sanitario han sido dos logros muy importantes a la hora de afrontar este grave problema, aún así son necesarias más medidas de prevención y protección para garantizar el ejercicio seguro de la atención sanitaria”, ha señalado Ariza.

En el Manifiesto se piden medidas para proteger a los profesionales, “incluidos los propios usuarios, porque hablamos de un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva”.

Así se solicitan medidas contundentes para acabar con esta dramática situación que viven los profesionales; que se active la puesta en marcha del interlocutor policial territorial sanitario en todas las comunidades autónomas; que las agresiones tipificadas como delito contra la autoridad tengan la misma consideración en todo el territorio nacional; que las a administraciones sanitarias promuevan campañas de sensibilización y concienciación de utilización responsable de los servicios y campañas de prevención de agresiones; que las amenazas, insultos, intimidaciones y coerciones también sean considerados delitos contra la autoridad; que es establezca un protocolo de actuación contra las agresiones en centros públicos y privados; que las administraciones sanitarias promuevan programas de formación para que los profesionales adquieran competencias que les permitan afrontar estas situaciones conflictivas y que es establezca un registro nacional de agresiones sanitarias que permita conocer con rigor todos los datos y se pueda establecer un mapa de riesgo para una mejor actuación.

Finalmente, el Manifiesto hace especial hincapié en que la calidad asistencial y una plena relación de confianza entre los profesionales y los pacientes “no se debe ver empañada por un problema de violencia y no se debe agredir a quien trata de ayudarnos”.