La Asociación de Afectados  por la no legalización de pozos de Prioritarias y ATP celebro ayer una asamblea general en Tomelloso para informar de la complicada situación en la que se encuentran por la no regularización de sus pozos. También informaron del resultado de las reuniones que se han mantenido con distintos organismos y responsables públicos. La asistencia al Centro de Barrio de Maternidad fue masiva con presencia de agricultores de Tomelloso y de otras poblaciones de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. En total, son mil seiscientos expedientes los que esperan una regularización. ´”Tal y como se están poniendo los temas del agua, es urgente que nos den una solución”, dijeron.

El presidente de la asociación, Miguel Fernández, explicó que “la convocatoria de esta asamblea es una continuidad de otras que hemos tenido anteriormente en Villarrubia de los Ojos y Pedro Muñoz. Esta asociación nace por una necesidad que teníamos unos agricultores que hemos sufrido un clara discriminación con respecto a otros, que en algunos casos hasta no son agricultores, a los que les aprobaron  expedientes de regularización de sus pozos, y sin embargo los nuestros no. Llevamos ya doce años en esta situación de ilegalidad y queremos dejar claro que no queremos más agua, solo pedimos que se regularice nuestra situación para estar tranquilos”.

Fernández  aseguro que en las conversaciones que se han mantenido con distintos responsables políticos, “nadie nos dice que no y reconocen que tienen que hacer algo para solucionarlo, pero la situación no se desbloquea. Por eso decidimos constituir esta asociación e intentar plantear con unión y fuerza nuestra reivindicacion  acabar con esta situación tan injusta”.

Semanas atrás los dirigentes de la Asociación de Afectados por la no legalización de pozos, que lleva un año de andadura, mantuvieron un encuentro con responsables de la Consejería. “Mantuvimos una reunión con los directores generales de Desarrollo Rural y Agua y nos dijeron que el consejero tiene entre sus prioridades la solución de este problema. Lo están intentando a través  de la tubería manchega, que no es de hoy para mañana, pero el camino para encontrar una solución podría estar ahí”, manifestó Fernández que aclaró acto seguido que “el agua de la tubería es para abastecimiento de las poblaciones, pero con los derechos que se liberen del agua que no se consuma, se podría destinar a regadío”.

Mil seiscientos expedientes parados

Fernández insistió en que no se puede consentir que “un agricultor a título principal esté regando con miedo por el miedo a cualquier sanción que te puedan imponer y, sin embargo, personas que no viven directamente de la agricultura sí tienen esa tranquilidad. No es justo que los que vivimos de estos estemos sufriendo lo que estamos sufriendo. Solo pedimos que nos instalen el  contador en nuestros pozos y que nos regularicen. Los expedientes se iniciaron todos al mismo tiempo, pero alguien decidió apartar nuestros expedientes, asegurando que nuestro problema se solucionaría en poco tiempo. Pero desde el año 2008 esos 1.600 expedientes siguen parados”.

En este periodo hay agricultores que han sufrido sanciones, incluso el cierre de sus pozos. En la asamblea se debatió sobre la condicionalidad, que podría eximir de sanciones a los agricultores que estén en esta situación, pero según los testimonios de algunos de los presentes no está demasiado clara esa condicionalidad.

Los agricultores tienen sus explotaciones en la zona del acuífero 23 que ahora se ha dividido en distintas masas. “Los responsables políticos dicen que están sobre ello, que es prioritario solucionar el problema, pero no han marcado ningún plazo. No han dicho que adquirieron 14 hectómetros con la idea de solucionar el tema de los leñosos”…

La administración competente para solucionar el problema es la Junta, “si bien en sintonía con el Ministerio de Transición Ecológica. También hemos mantenido contactos con la Confederación, pero ellos dicen que solo aplican la ley que emane del Ministerio o la propia Consejería. De momento lo único  claro es que somos ilegales o alegales, como se quiera decir y esta situación ya no se puede alargar más en el tiempo”.

Los dirigentes de la Asociación esperan poder reunirse pronto con el Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y otros responsables políticos que les ayuden a encauzar la situación. Fernández dejó claro que “en esta asociación estamos agricultores de todos los colores, de ASAJA, de la UPA, de COAG, incluso de otros que no pertenecen a ningún sindicato y organización “.

Al final, el responsable de la asociación insistió en su planteamiento de que “no se trata de hacer más pozos, los tenemos hechos desde el 96 o incluso antes muchos de ellos, solo pedimos que nos regularicen en papel nuestra situación, igual que han hecho con otros”.