El Tribunal de Cuentas ha cuestionado las subvenciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería de Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) a los proyectos de construcción del pabellón ferial 'La Central', que supuso un desembolso de 12,3 millones de euros, y la reconversión del Terri en parque urbano, que contó con una inversión de 6 millones de euros, ambos en Puertollano (Ciudad Real).

Según el informe del Tribunal de Cuentas, de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los años 2006 y 2017, las subvenciones para financiar las obras fueron concedidas sobre unos terrenos de los que el Ayuntamiento no era propietario cuando se firmaron los convenios con el IRMC.

La incidencia afectaba a tres convenios, cuyas actuaciones se referían a las tres fases de la construcción del "Palacio de congresos y exposiciones" y a la "Recuperación de entornos mineros" por importe total de 12.330.000 euros.A su vez, "con idéntica casuística", se encontraba el convenio cuyo objeto era la elaboración del proyecto técnico y construcción de un parque urbano para rehabilitación de escombreras de carbón por importe de 6.000.000 euros.

Según el informe, la adquisición de la posesión de los referidos terrenos y las construcciones asentadas en los mismos derivaba de un convenio suscrito el 30 de mayo de 2008 entre el Ayuntamiento y dos empresas que fue firmado con posterioridad a dos de los convenios que suscribieron el IRMC y el Ayuntamiento de Puertollano para financiar las obras que se asentarían sobre esos terrenos.

"En consecuencia, se concedió una subvención para financiar unas obras sobre unos terrenos de los que el Ayuntamiento no era propietario cuando se firmaron los convenios con el IRMC", subraya el Tribunal de Cuentas.Examinada la documentación de estos expedientes, el Tribunal ha verificado la existencia de un certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento, de fecha 26 de noviembre del 2009, con el visto bueno del entonces alcalde Joaquín Hermoso Murillo, que hacía constar que las obras previstas se desarrollarían sobre una parcela propiedad municipal, "extremo que no concuerda con el emitido el 24 de octubre de 2018, donde se señalaba que el Ayuntamiento era un mero poseedor de los terrenos".

Por su parte, el Ayuntamiento de Puertollano, en el trámite de alegaciones, aportó un "acuerdo de intenciones" de fecha 24 de abril de 2007 suscrito con las dos empresas, con las que firmó posteriormente el convenio de 30 de mayo de 2008 donde se recoge que tienen "la intención de firmar un convenio sobre los terrenos".

También confirmó "que no se han podido inscribir en el libro de Inventario Municipal los terrenos y vuelos" de los proyectos fiscalizados. No obstante, aportó en esta fase de alegaciones un certificado expedido el 12 de septiembre de 2007, en el que se indicaba que "existía plena disponibilidad de los terrenos objeto de la inversión" que difiere del que obra en el IRMC, expedido el mismo día, en el que se señalaba que el proyecto se correspondía con "obras de titularidad pública".

Adicionalmente, como se pone de manifiesto en el texto de este informe, el Ayuntamiento de Puertollano aportó al IRMC otro certificado, emitido el 26 de noviembre de 2009, en el que se manifestaba que el Ayuntamiento era el propietario de la parcela, alegando el Ayuntamiento, sobre esta incoherencia, que se produjo "una confusión con lo que sería la posesión de los mismos, siendo la intención verdadera la expresión de la plena disponibilidad de los terrenos y vuelos tal y como se desprende del certificado de 12 de septiembre de 2007". Todos los certificados referidos fueron expedidos por el secretario de la Corporación con el visto bueno del alcalde.

No obstante, el Tribunal de Cuentas, en relación con lo alegado por el Ayuntamiento de Puertollano, reitera que la imposibilidad de inscribir en el inventario municipal las infraestructuras financiadas por el IRMC implica no poder dar cumplimiento al requisito contenido en el clausulado de los propios convenios que señala que "infraestructuras resultantes serán de titularidad pública y se inscribirán en el libro de patrimonio de la entidad local".

En lo que se refiere a las tareas correspondientes a entidades colaboradoras sobre subvenciones concedidas a beneficiarios de Castilla-La Mancha, estas fueron desarrolladas por la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades, con la participación de la Fundación Desarrollo de la Comarca de Puertollano (Fundescop), institución sin fines de lucro, de carácter público, adscrita al Ayuntamiento de Puertollano, "sin que existiera ningún instrumento jurídico que amparase esta atribución de funciones y sin que tampoco comportara compensación económica del IRMC", señala el tribunal .

En el trámite de alegaciones, la Secretaría de Estado de Energía señaló que "Fundescop no ha desarrollado de facto las funciones que formalmente corresponden a las entidades colaboradoras, siendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que ha emitido las certificaciones correspondientes".

Sin embargo, y sin perjuicio de que las relaciones con el IRMC se canalizasen a través de la Consejería de Economía, el Tribunal concluye que "la entidad Fundescop intervino materialmente en la gestión y tramitación de subvenciones en el ámbito del municipio de Puertollano, al margen de vínculo jurídico alguno que lo amparase, ya que, entre otras actuaciones, aceptó la presentación de cuentas justificativas y otra documentación correspondiente a las dos sublíneas de subvenciones pese a que carecía de atribuciones para operar como registro administrativo".