Los últimos meses han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el apoyo legislativo a las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia. Hablamos de ello con el presidente del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo y con María del Carmen González y Ana Isabel Mendoza, Catedrática y Profesora Titular de Derecho Civil, respectivamente.

La crisis sanitaria en la que estamos inmersos ha puesto de relieve la necesidad imperiosa de que las sociedades se doten de las herramientas necesarias para garantizar la inclusión jurídica y social de las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia. La Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  celebrada  en  Nueva  York  el  13  de  diciembre de 2006, y ratificada por España, por la que se comprometía a “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  las  personas  con  discapacidad  sin  discriminación  alguna  por  motivos  de  discapacidad” ya lo avanzó. 

Pese a los avances realizados, la crisis económica de la década pasada ralentizó su aplicación y la actual crisis sanitaria ha manifestado el largo trecho que queda aún por recorrer. La futura ley por la que se reforma la legislación civil y procesal, que aún se encuentra en fase de anteproyecto, intentará 

 algo que intentará paliar en parte la futura Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal, para el apoyo a las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, una ley que actualmente se encuentra en Fase de Anteproyecto. Precisamente este anteproyecto, así como el estudio del impacto jurídico y social del Convenio de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad y de aquellas que, por edad o enfermedad, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, será el tema que centrará el Curso de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha que se celebrará de manera on-line los días 1 y 2 de diciembre de 2020, organizado por el Centro de Estudios de Consumo de la UCLM (CESCO), el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y el Proyecto de Investigación “Protección de consumidores y riesgo de exclusión social”, dirigido por Ángel Carrasco y Encarna Cordero. 

Las doctoras en Derecho Civil, María del Carmen González y Ana Isabel Mendoza, así como el presidente del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo Francés, son algunos de los ponentes de este curso de verano que, aunque planificado desde principios de año, la luctuosa situación actual lo ha puesto en primer plano de la reflexión social y política. 

Según la catedrática en Derecho Civil, María del Carmen González, “la pandemia ha hecho emerger la punta de un iceberg que hasta ahora no queríamos ver. Tras estudiar a fondo las causas, los contagios, los fallecimientos, y la cruenta incidencia de la pandemia entre los mayores, se ha podido constatar que efectivamente hay que repensar el modelo de cuidados de personas mayores como reivindican muchas asociaciones de este ámbito. Hay que adecuar el entorno del cuidado de las personas mayores, conservando en la medida de lo posible sus entornos familiares, y cuando no sea posible, lograr entornos adaptados y seguros donde se conserven las necesidades afectivas y de autonomía de los mayores, con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Tengamos en cuenta que muchos mayores no solo han sufrido la pandemia como peligro o realidad de contagio, sino también como pérdida de orientación, pérdida de afectividad, pérdida de contacto con esas pocas personas que en ese momento todavía podían estar cerca de ellos. Esto pasa por la accesibilidad de edificios, esto pasa por entornos que garanticen una correcta asistencia sanitaria y pasa por un sistema que garantice que el nexo con la familia no se va a romper bajo ninguna situación”. 

Un momento coyuntural que ha acelerado el proceso legislativo, pues “Ahora mismo”, afirma el Notario Luis Fernández-Bravo, “lo que se está planteando es una reforma integral de toda la normativa existente en materia de discapacidad que abarca muchísimos ámbitos del Derecho Civil, como consecuencia de la necesidad de implementar dentro de la normativa española la Convención de Nueva York. Se trata de un cambio por completo de concepción acerca de lo que es la discapacidad en el ámbito del Derecho. Donde antes partíamos de la base de que al discapacitado lo que hay que hacer es, poco menos que apartarlo de la sociedad y ponerle una pantalla; ahora, debemos trabajar porque las personas con discapacidad estén integradas y se les proporcione los apoyos necesarios para que tengan una integración plena. Siempre pongo el ejemplo de las gafas, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene una dificultad visual, pues sencillamente se pone unas gafas. Todos, en el fondo, tenemos algún tipo de discapacidad y todos buscamos nuestros correspondientes apoyos”.

“Por ello”, complementa la profesora Ana Isabel Mendoza, “no se trata de no de que una persona quede aislada en el mundo jurídico, sino todo lo contrario, hay que proporcionarle los apoyos necesarios para que se integre en el mundo jurídico con plenitud. Esta es la concepción fundamental que tiene la Convención de Nueva York y que hay que trasladar a todo nuestro ordenamiento jurídico”.

“Esta pandemia nos ha puesto de relieve la necesidad de atender la situación de una persona que no puede desplazarse, incluso dentro de la movilidad ordinaria en una situación de confinamiento general, un cierre de fronteras, o un confinamiento individual por posible contagio”, expone el presidente del Colegio Notarial de CLM. “En este sentido, el Notariado español puso de manifiesto la posibilidad de acudir también a los procedimientos telemáticos para el ejercicio de algunos derechos mediante un sistema que lo que planteaba era la posibilidad que una persona, a través de un canal seguro, pueda otorgar una escritura en poder desde su domicilio, evitando la necesidad de transporte físico y por tanto de contagio. Esto sin embargo no se ha considerado oportuno por parte de los poderes públicos que lo tenían que aprobar, pero el procedimiento sigue en marcha y desde mi punto de vista tiene que ser pues uno de los objetivos a desarrollar durante el próximo año, pues las herramientas electrónicas se hacen indispensables para poder dar respuestas a las demandas sociales”.

Un tema como la inclusión jurídica y social de las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia que supone todo un reto para la sociedad contemporánea y que será tratado en el citado curso de verano destinado a mejorar la formación de un abanico amplio de profesionales como juristas, abogados, profesionales de la asociaciones, notarios o personal de la judicatura. Este curso tradicionalmente se venía realizando todos los veranos en la Casa de la Demandadera de Cuenca, pero en esta edición tan particular, el esfuerzo del equipo TIC de la UCLM permitirá participar a ponentes y estudiantes de manera online desde cualquier parte del mundo, para lo que además este contará con veinte becas de inscripción gratuita financiadas por CESCO.