Sin embargo, para la organización esta ayuda no es suficiente. "Estamos hablando de aportar un parche de 18 millones de euros para unas pérdidas de renta y olivos de muchas familias para los próximos 5 años valorados en 275 millones de euros y que pueden llevar a la ruina a agricultores y cooperativas".

Para los dirigentes de Unión de Uniones "considerar que 12.000€ por explotación va a ayudar al olivarero a recuperar su productividad está muy lejos de la realidad. Entendemos que a pesar de la escasez presupuestaria, la situación requiere más trabajo entre las administraciones Nacional y Autonómica para obtener financiación de otras partidas, como por ejemplo del fondo de crisis de la PAC (240 millones anuales), del fondo de recuperación del covid19, basándonos en las bondades agroambientales del cultivo del olivo, fondos de la España vaciada, Plan de recuperación para Europa NexGenerationEU, etc".

Castilla-La Mancha produce el 8,7% del aceite a nivel nacional, y el 3% a nivel mundial. "Somos una región importante y no podemos permitir desaparecer del mercado".

Unión de Uniones ya solicitó en enero se informara a la Unión Europea de la situación del olivar para poder desbloquear los fondos de emergencia para este tipo de situaciones, "de los que lamentablemente ya no podremos disfrutar, por desidia y retrasos de la administración en dicha solicitud".

Añaden desde la organización que "es fundamental aprobar medidas para sobrellevar los gastos de recuperación de los olivos durante los próximos 5 años, así como compensar la pérdida de renta de agricultores y cooperativas, tal y como indica el Reglamento Europeo 702/2014 en su artículo 30.5.b) y 30.7."

Además de mejorar el borrador de ayudas, Unión de Uniones ha solicitado: que de las 20.000 hectáreas afectadas, al menos el 50% puedan ir por la vía de la reestructuración del olivar para 2022; que se cree cuanto antes la línea de ayuda agroambiental al olivar de bajo rendimiento; que se adelante una campaña la ayuda al olivar de bajo rendimiento; que se amplíen o aprueben las carencias de los préstamos y que se considere causa de fuerza mayor ante las inspecciones de los jóvenes agricultores.