¿Se ajusta a derecho, es constitucional?

Que lo hagan directamente las Administraciones Públicas es una cosa (y según que casos), y otra muy distinta delegar en la empresa privada (si no está avalado y determinado por una orden ministerial, o de las respectivas consejerías). Esto en lo formal, pues el debate jurídico (y ético) no desaparecería.

Además de las dudas que suscitan la justificación legal y proporcionalidad de la medida, habría que cotejar su eficacia y evidencia médica en el control de la transmisión vírica comunitaria. Por otra parte, cualquier certificado es fácilmente manipulable desde un PC, o un dispositivo móvil.

Es comprensible que las autoridades se dejen llevar por la frustración y desconcierto ante el repunte de contagios e ingresos hospitalarios, y la virulencia de nuevas cepas. Lo que no quita la responsabilidad del Gobierno central (en gran parte), pero también de los ejecutivos autonómicos, en la pésima estrategia de comunicación, en la precipitada aceleración de algunas fases de desescalada, en la falta de coordinación de las distintas administraciones, en la ausencia de una agenda sanitaria contra el Covid-19, o en su inmovilismo ante las llamadas de auxilio del personal médico y sanitario (lacerado por años de recortes y una descomunal pandemia que les deja al borde de la extenuación).

Cuidado con estas cosas, porque desde la pandemia nos estamos mal acostumbrando a aceptar  una limitación in crescendo de derechos y libertades, con estado de alarma (estado de excepción encubierto, como ha dejado entrever el TC), o no.