Se pretende con esta declaración institucional deslegitimar social y públicamente a las personas prostituidoras, protagonistas, actores responsables y cómplices activos de esta forma de violencia de género. Por ello, la Diputación, en coordinación con la Administración estatal y autonómica, centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del cliente y del proxeneta. 

Además, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso se irá contra las mujeres prostitutas, ni se pretenderá su penalización o sanción, sino que se trabajará en el diseño de servicios sociales integrales que estén dirigidos a cualquier mujer que desee abandonar la prostitución protegiendo a sus hijos e hijas y también orientados a educar en valores "a una sociedad que todavía sigue sin encontrar vacuna a un virus más peligroso que el Covid, la tolerancia de la violencia". 

La declaración institucional se fundamenta en reflexiones tales como que "regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales" o que "si se regula la prostitución, de nada servirá educar en igualdad, porque además hay que dar ejemplo". Asimismo, "se comparte y defiende claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos". 

Se hace hincapié, igualmente, en la erradicación de la demanda y en cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución a través de un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Perseguir a las mafias y transformar la mentalidad de los varones son otras medidas que la declaración institucional incluye con el objetivo de lograr un mundo sin prostitución.