En la exposición de motivos, la moción constata que en los últimos meses se han incrementado las ocupaciones ilegales, sobre todo en periodo estival, y en la mayoría de los casos detrás de estos hechos delictivos “están mafias que aprovechan para hacer negocio, provocando actos violentos como los sufridos por los vecinos del barrio el pasado verano”. Navarro ha recordado que la inviolabilidad de la vivienda es un derecho fundamental, “pero no puede ser enarbolado por quien no tiene derecho a permanecer en la misma y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional. Hay que dar respuesta a una situación que va en aumento y que genera inseguridad jurídica a los propietarios y mucho miedo e incertidumbre a los vecinos”.

Así, los populares propondrán en el Pleno la creación de una Oficina de defensa de los derechos de los vecinos afectados por una ocupación ilegal con un departamento jurídico que les oriente y ayude; la puesta en marcha de un teléfono y un correo electrónico las 24 horas del día para facilitar las denuncias de los vecinos; prohibir el acceso a ayudas y subvenciones municipales a quienes se vean involucrados en estas acciones ilegales; incentivar fiscalmente a quienes cedan viviendas al Ayuntamiento para dedicarlas a alquiler social; llevar a cabo planes de rehabilitación de viviendas; vigilar el estricto cumplimiento de las normativas de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas ocupadas y sancionar cuando se infrinjan e instar al Gobierno a que tramite las proposiciones para la reforma el delito de usurpación recogido en el artículo 245 del Código Penal.

Navarro espera que la moción sea incluida en el orden del día del Pleno ordinario del mes de octubre y que después pueda ser trabajada en las diferentes comisiones. “Los cuatro grupos que estamos en el Ayuntamiento deberíamos ponernos  de acuerdo por el interés de los vecinos del barrio de San Juan y del entorno del parque Urbano Martínez y con cualquier otro propietario que tenga una vivienda ocupada”, ha señalado.

El portavoz del PP ha considera que “tiene que ser el Gobierno central el que tome las riendas de esta problemática, pero no está haciendo absolutamente nada, teniendo en cuenta que algunos de sus socios abogan por la usurpación de la vivienda. El resto de administraciones, en la medida de nuestras posibilidades, hay que hacer todo lo que se pueda y de ahí que hayamos presentado esta batería de propuestas”. Finalmente, ha recordado que el Barrio de San Juan tiene una peculiaridad, es un barrio privado al que el Ayuntamiento tiene difícil acceso, “pero puede utilizar los fondos propios para adquirir suelo y transformarlo con el fin de darle vida al barrio. Donde hay movimiento y flujo de personas, se reduce mucho más la inseguridad”.