Por tanto, deducen desde la organización que "la representatividad la elige el Consejero de Agricultura a capricho y según su interés".

Por todo ello, Unión de Uniones ha solicitado una reunión con la Secretaria General de Agricultura para pedir explicaciones "y si su respuesta no fuera satisfactoria, acudirá a los tribunales en defensa de nuestros derechos", añadiendo que "si no hay representatividad agraria en Castilla-La Mancha elegida democráticamente, ¡que no se reparta el patrimonio agrario de los ciudadanos que ronda los 500 millones de euros"

"Si lo que desean es repartir el patrimonio entre las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA; UPA y COAG) que el propio Gobierno ha designado, La Unión de Uniones se opondrá drásticamente ante tal falta a la legalidad y respeto del trabajo de los profesionales agrarios".

Unión de Uniones exige una interlocución institucional democrática "y se plantee que el agricultor conserve el patrimonio de las Cámaras Agrarias, con la posibilidad de que la administración y gestión del uso del mismo corresponda a las organizaciones agrarias más representativas, siempre y cuando éstas sean elegidas democráticamente, estableciendo una normativa con criterio objetivo".