Los fondos europeos de recuperación y resiliencia NextGenerationEU (en adelante NGEU) han sido concebidos para paliar los estragos ocasionados por el virus SARS-CoV-2 en la economía de los Estados miembros de la Unión. 750.000 millones de euros serán repartidos en sucesivas fases en los próximos siete años gracias a un acuerdo del Consejo Europeo fraguado el 21 de junio de 2020. Una inyección de dinero público sin precedentes en el proyecto europeo.

Uno de los objetivos troncales es contribuir a la modernización de los sistemas productivos en la adaptación a dilemas y necesidades inaplazables, tales como la transición ecológica, la descarbonización, la transformación digital, el impulso del empleo y el PIB. Al mismo tiempo, se pretende subir el nivel de exigencia competitiva en los mercados para hacer frente a la imparable expansión china, no solo en el eje Asia-Pacífico, sino también en Iberoamérica y África.

España es probablemente uno de los países de la Unión que mejor rendimiento puede sacar de los fondos, dada la cuantía y porcentajes obtenidos. No sin esfuerzo negociador del Gobierno de Pedro Sánchez, quien tuvo que batirse en extenuantes reuniones en Bruselas y lidiar con el rechazo tácito de los Países Bajos del primer ministro Mark Rutter, uno de los pesos pesados de la Comisión Europea.

El éxito diplomático de Madrid ha venido acompañado en todo este tiempo de una verdadera puesta en escena de los medios gubernamentales, presentando los fondos como una especie de nuevo Plan Marshall. No es para menos. El largo y duro confinamiento ha vapuleado algunos indicadores macroeconómicos, retardando la incipiente recuperación de la crisis de 2008. La economía española presentaba - antes de la irrupción del virus - un nivel de crecimiento sostenido, entre los mejores de la eurozona, corroborada en informes de la Comisión Europea. Lo que no ha disimulado las disrupciones del mercado de trabajo, por una inaceptable tasa de desempleo juvenil (38% entre los menores de 24 años, la mayor entre los países de la OCDE. Fuente: Cinco Días. 7 de julio de 2021), una ascendente precariedad, una elevada temporalidad (uno de los talones de Aquiles de la última reforma laboral y que Bruselas ha llamado la atención repetidas veces), o la dualidad del sistema de contratación. Mientras, la crisis sanitaria ha empeorado la vida en los barrios obreros, intensificando de alguna forma la brecha social y de género.

Así las cosas, el Gobierno ha emprendido una ambiciosa campaña de propaganda, presentando los fondos como una oportunidad histórica, acompañando las comparecencias del presidente con la famosa coletilla "No dejaremos a nadie atrás". Atrayendo y rodeándose, en pomposos actos, a lo más granado de la élite empresarial y financiera. Pues es mucho lo que está en juego.

En todo discurso oficial – y qué decir cuando se exhibe un preciado trofeo como el que nos ocupa – se tiende a la sobreactuación y a los titulares. No hay lugar para las zonas de sombra, la letra pequeña, o el detalle, que faciliten la aclaración de los (seguramente) muchos puntos de interés que pasan inadvertidos, intencionadamente o no, por los más aguzados urdidores de ese intrincado “mercado persa” que representa la alta política y el mundo de los negocios (tan entremezclados, tan confusos)

Emisión de bonos

Es tal la benevolencia que concitan los fondos europeos, que se ha conseguido una cosa inaudita, impensable, en la tramoya parlamentaria patria; la unanimidad, o casi. Como sino se explica que en la sesión en la que se tenía que votar y convalidar el Real Decreto del 28 de diciembre de “Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Modernización y Resiliencia” hasta VOX no se opuso, decantándose por la abstención.

Como toda parte tiene su contraparte (o contrapunto), vamos a centrarnos en ella. Yo prefiero llamarlo información veraz, contrastada y ajena a la instrumentalización del poder (que la secuestra para manipular y engañar)

Los fondos NGEU es una emisión de bonos, en forma de subvenciones y préstamos blandos, que los estados tienen que distribuir a los sectores estratégicos más necesitados de inversión (y que luego tienen que devolver). Que nadie se lleve a engaño; no estamos hablando de pymes y autónomos, sino de grandes corporaciones de la aviación, la energía y el automóvil. Airbus, Iberdrola, Repsol, Volkswagen… ¿Les suena, verdad?

El dinero entra por los ojos, ya se sabe. El problema aquí es que tamaña regalía (de dinero público) se va a proporcionar sin apenas auditorías, sin mecanismos de control y participación ciudadana. Al mejor postor. En declaraciones a Efe el pasado 12 de febrero, Raquel Montón, portavoz de Greenpeace España, advertía “El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos no pueden transformar y recuperar nuestra sociedad sin contar con ella. Hasta el momento, solo hemos visto el apoyo de las grandes empresas y la relajación de las normas ambientales y de participación, y ese no es el camino para conseguir que España remonte la actual crisis económica y social”.

En nombre de la ecología

Uno de los reclamos más sonados en la concesión de los fondos es su especificidad y prioridad “verde y sostenible” para la reducción de las emisiones y la ansiada neutralidad climática. El capitalismo se pone verde y lo que no consiguió en Glasgow se propone ahora alcanzar (aunque es justo de reconocer que la Unión Europea es uno de los bloques más aventajados y disciplinados en la agenda internacional para hacer frente a la emergencia climática, pese a la sorprendente y grotesca clasificación última, como energías verdes, de la nuclear y gas natural, a propuesta de la Comisión)

Pero la realidad lo desmiente, al menos si nos centramos en lo que tenemos en casa. Proyectos medioambientalmente controvertidos y socialmente contestados (como la Y vasca, que enlazará con el AVE las tres capitales vascas, nuevas obras en el Canal de Navarra, la Tubería Manchega, las macrogranjas, la minería o los grandes proyectos solares y eólicos) van a salir adelante gracias a este expolio sin precedentes del dinero de los contribuyentes europeos. Dinero que se va a seguir utilizando para profundizar en un modelo neoliberal incompatible con la justicia climática, la movilidad sostenible, la soberanía alimentaría, el territorio, la biodiversidad y la equidad social.

Una de las entregas más vergonzosas que se recuerdan (en lo que concierne al sometimiento de los poderes públicos a la gran industria) es el anuncio, por parte del Servicio de prensa de La Moncloa, el 9 de diciembre, de la disposición de 3.000 millones de euros a las empresas automovilísticas para “desarrollar la cadena de vehículos eléctricos y su importante papel en la recuperación verde y digital de la economía española", según la vicepresidenta de la Comisión, Margrete Vestager. Una petición que el Gobierno de España, por medio del Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, hizo en su día a la Comisión y que esta ha aprobado con el eufemístico nombre de “Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC)”. Multinacionales poderosísimas regadas con dinerito público contante y sonante. Muy ecológico.

Un maná caído de Europa a cambio de que SEAT y el Grupo Volkswagen no desmantelen sus plantas de Barcelona y Navarra, respectivamente. Algo a lo que nos tienen acostumbrados las Administraciones públicas cuando destinan subvenciones públicas y arbitran exenciones fiscales y cambios urbanísticos para retener las factorías, fuentes generadoras de empleo y riqueza… hasta que las direcciones de las empresas deciden cerrarlas por razones estratégicas, de producción, operativas, deslocalizando esas mismas unidades a otros países tras la imposición de un ERE a las plantillas. Chantaje puro y duro que la nueva normalidad no va a cambiar.

Más ejemplos los tenemos en el PERTE para la regeneración energética de los edificios. Acciona y el BBVA se han posicionado con preferencia para que sus proyectos sean seleccionados y (se supone) elegidos.

Más sombras que luces

En marzo, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción publicaron conjuntamente La Guía Next Generation EU: más sombras que luces. Uno de los elementos que explica el escepticismo de las organizaciones y entidades coautoras es “la falta de criterios climáticos, ecosociales, democráticos y de género en el diseño de las ayudas”. A lo que hay que sumar la ausencia de transparencia y de mecanismos de participación ciudadana. A modo de réplica, la guía contiene ocho propuestas para la recuperación (o “desmencartilización”) de los servicios públicos, una transición ecológica justa, una reforma fiscal progresiva y una auditoría independiente de los fondos, así como de su ejecución.

El informe avisa de las consecuencias en la aplicación del actual formato de las ayudas. Y tienen que ver con el sobreendeudamiento público y el déficit fiscal. Lo que presume el inicio de un nuevo ciclo de políticas de ajuste, recortes y privatizaciones, con un contundente objetivo que ya se vislumbra (gracias a los globos sonda vía Twiter del ministro Escribá); la desvalorización del sistema público de pensiones y el desarrollo de los planes privados de pensiones.

Parece meridianamente claro que la gestión post covid (aunque no hayamos vencido aún al virus) va a marcar el paso en la reestructuración capitalista de la economía. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez bendiga la probidad de Bruselas, a nadie se le escapa la exigencia de reformas estructurales de la Comisión. Las que calla el Gobierno de coalición, pero que llegará el momento de conocerlas… dentro de no mucho.

Mientras tanto, la sanidad pública languidece (los fondos traspasarán a este ámbito 1.000 millones de euros, apenas el 1,5 % del total, que irán a parar a la colaboración público-privada, es decir, a las empresas privadas), los desahucios han aumentado un 13,1 % en el primer trimestre del pasado año (según el CGPJ), los precios de la luz se disparan, la ayuda a la dependencia y las prestaciones sociales apenas remontan, la atención ciudadana deja mucho que desear, y nada, o muy poco, se sabe de políticas públicas que contengan el despoblamiento de la España rural.

Casi ha desaparecido del debate público cuestiones que nos han atormentado en lo peor de la pandemia, como el reforzamiento de plantillas y de una mayor inyección presupuestaria a la Atención Primaria, de reformar urgentemente el modelo asistencial de nuestros mayores, puesto dolorosamente en entredicho con el coronavirus, de reformular e impulsar las políticas sociales, de un transporte público social, sostenible y seguro, etc.

Si bien es cierto que los fondos NGEU tienen aspectos positivos, como dotar a los ayuntamientos de oportunidades en materia de regeneración urbana, rehabilitación energética y movilidad sostenible, el grueso de las ayudas van a propiciar que las grandes empresas del IBEX 35 refuercen, amplíen o consoliden sus expectativas de negocio. Dominando las convocatorias concurrentes en los concursos.

Epitafio

Llueve sobre mojado si no hacemos, como sociedad, un replanteamiento serio del modelo productivo y de consumo, si no se rescatan los servicios públicos, si no se blindan las pensiones en la Constitución, si no se protegen los derechos laborales, si no se aplica el enfoque de género en la gestión de la res pública, si no se aborda una reforma de la fiscalidad y si no se pone en el centro la vida y los cuidados.

Los fondos de recuperación y resiliencia definen la salida capitalista a una crisis sistémica provocada por la codicia, la usura y la explotación de quienes se arrogan la virtud, el derecho, o el privilegio de programarla y diseñarla.

Con la inestimable colaboración de gobiernos democráticos, “progresistas” y de “izquierdas” llegado el caso.