Pero, volvamos al debate. Intentemos poner luz al origen de la cuestión y analicemos si el ministro se ha sobrepasado en su crítica a una modalidad de producción ganadera. Para esto, vamos a remontarnos al año 2018, cuando la Comisión Europea le notifica al gobierno español, el inicio de un expediente sancionador por no proteger adecuadamente las aguas de una parte de su territorio a la contaminación por nitratos, procedentes de la agricultura y la ganadería intensivas. Lejos de actuar (y en esto tiene la mayor responsabilidad el ministro de agricultura, que ha sido de los primeros en acudir al linchamiento de Garzón), España no ha tomado ninguna medida, más allá de la elaboración y publicación del mapa de contaminación por nitratos (Zonas vulnerables (miteco.gob.es)) en julio de 2021. Y el pasado 2 de diciembre, la Comisión Europea vuelve a reclamar al gobierno español medidas para hacer frente a esa contaminación.   El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario informa a las autoridades del Estado miembro de los problemas identificados y le da un plazo de dos meses para responder y ofrecer soluciones.

Lo único de lo que se le puede acusar a Garzón es haber llevado al conocimiento de la sociedad lo que es un problema de ámbito general y en el que, tanto el gobierno central como los autonómicos, deben tomar medidas y aportar propuestas de solución. Pero, sobre todo, en aquellos territorios donde el problema de la contaminación por nitratos es más grave, como son las comunidades de Murcia, Aragón (el territorio del señor Lambán), Cataluña, Andalucía o Castilla La Mancha. Supongo que el señor García Page y su consejero de agricultura y agua, el siempre dispuesto a atender a las comunidades de regantes y a la industria porcina, Martínez Arroyo, ya están elaborando las medidas necesarias para frenar y disminuir en el futuro, la contaminación por nitratos. De momento, y ante la evidencia de la realidad, ya anunciaron que establecerían la moratoria a nuevas macrogranjas porcinas en nuestra comunidad… a partir de la instalación de las ya solicitadas. Como el papel lo aguanta todo, nos gustaría conocer qué motivación los ha llevado a esa decisión, que sea tan diferente a lo que ahora ha señalado el ministro Garzón. Porque yo no veo claras las diferencias. A no ser que lo de Page sea un brindis al sol y una forma de querer contentar a las plataformas contra la ganadería industrial, que han surgido por toda la región, conforme la invasión de cerdos, olores y moscas se ha ido extendiendo.

Y, siguiendo con el debate. ¿Qué ha dicho realmente Garzón y que tanto ha ofendido las sensibilidades de ASAJA primero, del PP y VOX después, y de una parte de los socialistas tanto del gobierno como de algunas comunidades autónomas? Pues algo que es evidente: la ganadería intensiva o industrial es completamente diferente de la ganadería extensiva que se ha practicado en España desde hace siglos, en equilibrio con el paisaje y el mundo rural. Primero, porque la ganadería intensiva requiere de unos insumos, como agua, piensos, medicamentos, o productos químicos de limpieza de las instalaciones, que son mucho más intensivos que en la ganadería tradicional. ¿O vamos a descubrir ahora que el cordero manchego, las vacas avileñas o los cerdos de las dehesas, son mucho más respetuosos con el medio natural?  Y, por supuesto, la forma de criar animales es absolutamente distinta. Pero, como seguro que me van a contestar hablando del precio de consumir unos y otros productos, les voy a dar la razón en parte. Es evidente que cierto tipo de ganadería intensiva ha popularizado el consumo de carne. Y, en paralelo, ha mejorado la nutrición del país. Pero eso hace tiempo que se ha sobrepasado con mucho, y los verdaderos objetivos de la ganadería industrial, son la exportación y el abastecimiento de mercados internacionales. Sería lícito, si no fuera porque el beneficio económico que les está reportando esa actividad, se ha conseguido mediante el deterioro del agua, el suelo y el aire de los lugares donde desarrollan su actividad. Y ahí es donde LA CONSTITUCIÓN obliga a las administraciones a proteger un bien público, como es el medio ambiente, frente a la actividad privada que lo deteriora.

Y, por último, me gustaría señalar la doble moral de tantos actores de este debate, que, llegado el momento, y por ese interés político que he señalado al principio, se han puesto al lado de las plataformas contra la ganadería industrial, para atacar al gobierno de turno, ya fuese municipal, autonómico o nacional. Por esa razón, me ha llamado la atención el anuncio del PP de presentar en las próximas semanas, mociones contra el ministro Garzón, con la excusa de haber atacado los intereses económicos de las zonas rurales, por haber dicho algo que debería ser motivo de preocupación de esos dirigentes, que aspiran a gobernar nuestro país, y que tendrán, por tanto, que hacer frente a las medidas que les va a exigir la Unión Europea, para frenar la contaminación por nitratos. De ASAJA, si acaso, ya hablaré otro día. Lo suyo ya es casi enfermizo. Ni les preocupa el presente, ni el futuro…

José Julio del Olmo

Ecologistas en Acción de Albacete