Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras la reunión que ha mantenido con el director ejecutivo de UNICEF España, Chema Vera, en la sede de la entidad en Toledo, junto al presidente de UNICEF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez Garrido. Una reunión en la que ha estado acompañada por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; y el director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez Bolaños. 

La titular de Bienestar Social ha explicado que el proyecto, denominado ‘Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección’, se plantea como un instrumento de “fortalecimiento de las entidades locales en relación a las intervenciones a la hora de prevenir las situaciones de riesgo que puedan generar un daño en el desarrollo de los y las menores e impedir el pleno ejercicio de sus derechos”.

Se trata de una iniciativa concedida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que está financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que se va a desarrollar entre 2022 y 2024 en tres comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla-La Mancha, donde serán tres localidades las que participen, Toledo, Alovera y Azuqueca de Henares.

Con este programa se persigue aprovechar la cercanía de las entidades locales y coordinar los servicios que prestan las diferentes administraciones en beneficio de la protección de la infancia desde un enfoque integral que englobe a todos los profesionales de los servicios que tienen como destinataria a la infancia, desde los servicios sociales, pero también deportivos, de ocio y tiempo libre o educativos, entre otros.

En este contexto, García Torijano también ha puesto de manifiesto en la reunión con UNICEF, que “la prevención en materia de infancia dentro del sistema de protección que guía este proyecto entronca directamente con uno de los objetivos básicos de la Ley de Atención a la Infancia en la que está volcado el Gobierno regional”.

Ésta es una norma que acaba de iniciar su periodo de información pública y proceso participativo a través de la web institucional. “Queremos recibir las aportaciones de los ciudadanos y las familias para enriquecer esta ley con la que vamos a avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, así como en las políticas y actuaciones que promuevan la atención y participación de la infancia. Vamos a darle su propia voz a la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha”, ha afirmado la consejera.