La Constitución Española, de la que hoy conmemoramos su 44
aniversario, es el núcleo sobre el que se articula todo nuestro sistema
político y nuestro ordenamiento jurídico. En nuestra Carta Magna se reconocen los
derechos fundamentales y las libertades públicas, así como la organización institucional
y territorial del Estado.
Llegadas estas fechas recobra siempre actualidad el debate
sobre la conveniencia de su reforma: bien para plasmar nuevas realidades y
sensibilidades sociales no previstas por el legislador en 1978, o bien para
eliminar de su redacción términos inaceptables en una Constitución vigente en
el siglo XXI.
Pero más allá de la conveniencia de una actualización formal
con la inclusión de nuevos derechos sociales o de los consagrados por la
actualidad en el Capítulo III, relativos a los principios rectores de la
política social y económica, todos ellos impensables para los constituyentes de
nuestra Norma Fundamental hace más de cuarenta años, existe una vía complementaria
que nos permite garantizar que, los principios y valores constitucionales, se
adaptan a la realidad y al contenido del modelo del Estado social y democrático
de Derecho actual.
Me refiero a la garantía de los derechos fundamentales, sin
los cuales, como refiere el artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos
del Hombre y del Ciudadano, un Estado carece de Constitución.
Los derechos fundamentales son los más transcendentales para
los ciudadanos porque giran sobre el reconocimiento de la dignidad de la
persona. Su proyecto vital depende del reconocimiento de estos derechos y de su
ejercicio en igualdad y libertad, sin que baste su mera declaración
constitucional para garantizarlos.
Por ello, resulta fundamental la acción legislativa en la
regulación de su ejercicio, bien a través de la aprobación de Leyes Orgánicas o
de la legislación ordinaria, cumpliendo el Gobierno con el mandato
constitucional de proteger los derechos fundamentales y de garantizarlos como
valores y bienes jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico.
A lo largo de esta Legislatura este Gobierno, junto a otras
fuerzas progresistas, inspirado en la socialdemocracia como única respuesta
eficaz a los retos que plantea una sociedad globalizada, se ha comprometido a
impulsar el Estado del Bienestar y la cohesión social desde el principio de la
sostenibilidad. Queremos seguir avanzando en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria mediante la aprobación de leyes que amplían los
derechos de ciudadanía.
Cumplimos el mandado constitucional y mantenemos viva nuestra
Norma Fundamental cuando destinamos 6 de cada 10 euros del Estado a políticas
sociales, una inversión sin precedentes en la historia de nuestro país.
Reforzamos nuestra Constitución cuando aprobamos la Ley
General de Sanidad, recuperando el acceso universal y gratuito para todas las
personas que viven en nuestro país, cuando pactamos una Reforma Laboral con más
derechos para los trabajadores y trabajadoras, cuando garantizamos el poder
adquisitivo de nuestros pensionistas o el acceso a la vivienda con el Plan
Estatal de Vivienda, cuando aprobamos el Ingreso Mínimo Vital para las personas
más vulnerables, cuando protegemos a las mujeres con la Ley de Garantía
Integral de Libertad Sexual o equiparamos derechos con la Ley del Matrimonio
Igualitario o La Ley de Igualdad de Dependencia; porque ampliar derechos nos
hace más fuertes como sociedad y revitaliza nuestra Carta Magna, la cual sitúa
los derechos fundamentales de la persona en el centro de nuestro ordenamiento
jurídico constitucional.
El Estado responde con su mandato constitucional de proteger
los derechos fundamentales, a través del poder legislativo, máxima expresión de
la soberanía popular.
Por esta razón reniegan del espíritu del Pacto Constitucional
del 78 quienes en las Cortes Generales
dirigen su acción política a recortar o restringir derechos y más grave aún es
su desobediencia constitucional, cuando, con excusas de todo tipo, se oponen a
cumplir lo mandatado expresamente en nuestro ordenamiento constitucional.
El mejor servicio que se puede realizar para reivindicar la
vigencia de nuestra Constitución en este XLIV aniversario, más allá de los
vacíos golpes de pecho, es seguir transformando nuestra sociedad, avanzando en
igualdad, libertad y solidaridad con la ampliación y consolidación de los
derechos fundamentales que en ella se amparan.
Francisco Tierraseca Galdón
Delegado del Gobierno de España en
Castilla-La Mancha
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Miércoles, 17 de Abril del 2024
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