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Gobierno regional ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de
Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha
planteado como “una
apuesta estratégica de futuro
y un punto de inflexión también para luchar contra la despoblación y
fijar población en el medio rural a través del sector agropecuario desde
un punto de vista absolutamente sostenible”.
Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, quien ha detallado que
esta nueva normativa “beneficiará
a 120.000 personas de Castilla-La Mancha que trabaja en alguna
explotación familiar” en el ánimo de mejorar la inclusión socioeconómica
y el bienestar
de las personas que se dediquen a la agricultura familiar.
En
cuanto a los objetivos básicos de la ley, Blanca Fernández ha hecho
referencia a la contribución al desarrollo territorial
del medio rural; fomentar y mejorar la capacidad profesional, la
innovación y el acceso a las nuevas tecnologías de las explotaciones
familiares; apoyar y seguir impulsando la incorporación de las mujeres
al relevo generacional y también la incorporación de
las mujeres al sector agropecuario; asegurar la sostenibilidad de las
explotaciones familiares mediante el apoyo a la incorporación de
personas jóvenes; y el fomento de parques agrarios y huertos urbanos.
Los retos del sector agrario
Y
sobre los retos más importantes que tiene en este momento el sector
agrario, la consejera de Igualdad y portavoz ha citado
“la incorporación de savia nueva al campo; ese es el reto esencial,
incorporación de personas jóvenes y también el reconocimiento del papel
de las mujeres en el sector agrario, no solamente un reconocimiento
simbólico, sino un reconocimiento legal que suponga
una mejora en su estatus económico”.
En
este sentido, Blanca Fernández ha valorado que desde el año 2016 se han
incorporado 4.000 chicos y chicas a la agricultura
y a la ganadería con ayudas del Gobierno presidido por Emiliano
García-Page. “Es la cifra más alta en un mismo periodo de tiempo y,
además, una de cada tres han sido mujeres”, ha insistido.
Además,
“desde 2015 hemos multiplicado por ocho las explotaciones de
titularidad compartida, que han pasado de ser apenas
28 a ser 252. Esto supone que una de cada cuatro explotaciones de
titularidad compartida de España se encuentra en Castilla-La Mancha. Y
sabemos que queda mucho por hacer, pero es un avance y un salto
cualitativo muy importante”, ha declarado la consejera
y portavoz.
Cabe
indicar que en la ley se reconoce el carácter individual o con base
asociativa de las explotaciones familiares, y define
las zonas de protección agraria, que serán todas “aquellas zonas que
consideramos que la actividad agraria es esencial para preservar el
territorio, ya sea desde el punto de vista económico demográfico o
incluso medioambiental”.
Banco de tierras y de agua
Otra
de las novedades subrayadas por la consejera y portavoz del Ejecutivo
castellanomanchego es la creación de un fondo de
tierras disponibles, también conocido como banco de tierras. “Lo que se
pretende es facilitar el contacto entre la oferta y la demanda de
parcelas agrarias o cultivables para recuperar tierras abandonadas o
recuperar o frenar el abandono de superficie agraria
útil que en este momento está en desuso”. Y a ello se sumará, ha
continuado, “un proyecto piloto con el objetivo final de tener bancos
públicos de agua, en principio con un proyecto piloto que se realizará a
través del Consorcio del Alto Guadiana”.
Para finalizar, Blanca Fernández ha indicado que “de lo que se trata es de impulsar a las explotaciones familiares porque sabemos fehacientemente que son quienes mayores dificultades tienen, y sabemos también fehacientemente que son quienes fijan la población en el medio rural y mantienen la cohesión territorial y social”.
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Viernes, 26 de Abril del 2024
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