La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha remitido al presidente Pedro Sánchez; al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; a las comisiones de Agricultura de las formaciones políticas y al Parlamento Europeo sendos escritos con propuestas de soluciones ante la situación que atraviesa el sector primario.

 En el documento, recogen que "frente a los graves problemas que se están ocasionando por la implantación de la Agenda 2030 a los sectores de la agricultura, ganadería, pesca, pequeñas y medianas industrias relacionadas con la transformación de los productos del sector primario y transportistas, se pone de relieve que este sector no puede quedar al margen de las importantes y próximas decisiones a tomar".

 Advierten también de las "enormes" pérdidas del sector primario frente los grandes beneficios de las cadenas de distribución, con incrementos de hasta el 500 por cien sobre los precios en origen, a costa de los bolsillos de productores y consumidores.

Antes esta situación, desde AIVE aportan diversas propuestas, como crear un Certificado Europeo de Calidad y Seguridad Alimentaria para que lo cumplan todos los países de fuera de la Comunidad Europea, con inspectores europeos y con el pago de dicha certificación a cargo de las empresas de fuera de la UE que quieran vender sus productos en Europa, en la línea que ya aplican países como Rusia.

 También plantean realizar auditorías a las grandes plataformas de distribución para conocer precios en origen; márgenes para cada uno de los intervinientes en el proceso hasta que se venden al consumidor final; detectar posibles abusos e instaurar un etiquetado completo del producto: origen, tratamientos o condiciones laborales.

 Piden la revisión urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria, argumentando que con su redacción actual supone un agravio comparativo para pequeñas y medianas empresas, al ser las únicas a las que se le exigen su cumplimiento, quedando exentas las cooperativas agroalimentarias.

 Sobre los costes de producción, apuntan que tienen que estar regulados, para que no se realicen acciones de compraventa por debajo de dichos costes, y con la supervisión de la UE.

 Proponen, por otra parte, que la energía destinada a la producción, transformación y transporte de alimentos cuente con reducciones considerables de impuestos.

 Respecto a la política hidrológica, desde AIVE lamentan la mala gestión del agua, demandando nuevos estudios rigurosos sobre la cantidad que se vierte al mar, así como inversiones similares a las destinadas a autovías, aeropuertos o ferrocarril.

 Inciden en que la cantidad de agua destinada al sector primario debe mantenerse, pues su uso se destina a la producción de alimentos, fundamental para el conjunto de la sociedad.

 Se refieren, igualmente, a la representación de las asociaciones del sector primario en la adopción de acuerdos relativos a legislación, medio ambiente, mercados... Solicitando que estén representadas el conjunto de las mismas, incluidas las sectoriales. Además, piden poder elegir directamente a dichos representantes del sector.

 Por último, los representantes de la industria vitivinícola solicitan igualdad de condiciones de acceso a subvenciones e inversiones destinadas a mejoras alimentarias, sin distinción de su volumen o figura jurídica.

 En lo referente a la PAC (Política Agraria Común) solicitan adaptar las ayudas a cada país y a cada región, teniendo en cuenta factores como climatología o cultivos, así como la simplificación de los requisitos de cumplimiento de las normas.