“El objetivo de ejercer la acción popular es que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino; protegiendo y defendiendo los intereses de las víctimas y de sus familias durante todo el proceso de una manera activa”, ha subrayado Padilla. De esta de manera, si no se produjese esta personación, la acusación solo la ejercería la Fiscalía, tal y como ha aclarado la portavoz.

Esta implicación de la Junta de Comunidades en el proceso judicial está a su vez recogida en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que, según ha subrayado Padilla, “es una de las normativas más pioneras en materia de protección de los derechos de las mujeres y menores víctimas de violencia de género de todo el conjunto del país”. A lo que ha añadido que dicha personación, “que cuenta con el respaldo de grupos feministas y colectivos de víctimas de la violencia de género”, se ha ejercido en 48 ocasiones, 42 de ellas por asesinato de la víctima y seis por lesiones graves.

Compromiso con las víctimas

A lo largo de su intervención, la consejera Portavoz ha insistido en que la violencia machista “es un problema social, de carácter estructural, que las instituciones tenemos la obligación política y moral de atajar”. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional “no se va a poner de perfil al respecto” ni va a escatimar recursos para trabajar “los valores sociales que sustentan estas violencias ni en atender y reparar tanto a las mujeres afectadas como a sus hijos, a quienes nuestra ley también considera víctimas”.

A este respecto, ha destacado que en 2024 se hará efectiva la ampliación de las ayudas de orfandad por violencia de género hasta los 7.200 euros, “cumpliendo un nuevo compromiso del presidente García-Page con las víctimas; actualmente, la cuantía es de 4.000 euros cuando el asesino es el padre y de 2.000 euros cuando el asesino es la pareja de la madre”.

Asimismo, la portavoz ha anunciado que dicho amparo se extenderá hasta que los hijos de las afectadas cumplan 25 años, ya que, a día de hoy, solo se recibe hasta la mayoría de edad.  “Fuimos los primeros del conjunto del país en conceder esta condición de víctima a sus hijos y, ahora, reforzamos estas ayudas”, ha resaltado Padilla, tras lo que ha añadido que un total de 26 menores huérfanos y huérfanas de la región las perciben actualmente.

“Desde 2023, 57 mujeres han sido asesinadas en Castilla-La Mancha por sus maridos o exmaridos; dos de ellas en 2023, una en Piedrabuena y otra en Alcabón. Unos asesinatos que dejaron 31 menores huérfanos desde 2013”, ha resaltado la portavoz, quien ha recordado que el Ejecutivo regional destinará 27 millones de euros en 2024 a la lucha contra la violencia de género, más de la mitad de los 48 millones de euros presupuestados para la cartera de Igualdad en 2024.