La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha pone de manifiesto que, en nuestra comunidad, cuatro de cada 10 personas pasan más de un año buscando empleo, una cifra que sigue siendo imposible de reducir a los valores que había antes de la crisis de 2008, cuando este porcentaje era mucho más bajo, del 17%.

En Castilla-La Mancha -según datos del último trimestre de 2023- hay 49.600 parados de larga duración. De ellos 29.600 son mujeres y 20.100 hombres.

El estudio “Radiografía del paro de larga duración” realizado por UGT afirma que la mayoría de las personas que se encuentran en esta situación no reciben ningún subsidio o prestación por desempleo. “Estar inscrito como demandante de empleo y no recibir ninguna prestación o subsidio es la situación más común”, añadía Isabel Carrascosa, responsable de Empleo y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, quien apuntaba que de este análisis también se desprende que el desempleo de mayor duración afecta en mayor medida a las personas de edad madura y avanzada y con un nivel formativo básico (con estudios de ESO o similar), especialmente mujer.

“Es necesario que los Servicios Públicos de Empleo cuenten con los recursos necesarios para poder llevar a cabo unos servicios básicos de orientación profesional, capaces de realizar diagnósticos individualizados y trazar itinerarios profesionales personalizados para cada persona desempleada. Y esta es una de las principales deficiencias estructurales de las políticas de empleo de Castilla-La Mancha y España”.

La responsable de Empleo también incidía en la necesidad de que existan medidas de protección que les asegure cierto nivel de ingresos. Por este motivo, valora de manera muy satisfactoria la firma del Acuerdo de mejora de la Protección Asistencial al Desempleo firmado el pasado 8 de mayo entre UGT y CCOO y el Gobierno central y que viene a mejorar los subsidios y las prestaciones por desempleo y el acceso a los mismos.

Haciéndose eco de las palabras del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Isabel Carrascosa señalaba que “no es un acuerdo que tenga por objetivo los subsidios, sino un acuerdo para que las personas que están en desempleo puedan tener acceso a un empleo en nuestro país. Ese es el objetivo fundamental”.

Considera que quedan pendientes cuestiones como la necesidad de cambiar la referencia del IPREM y utilizar el indicador del umbral de la pobreza.