La consejera ha recordado que ayer, el Ejecutivo autonómico llevó también una muestra de su compromiso con el empleo de los colectivos más vulnerables al DOCM, con la convocatoria de un millón de euros destinada a impulsar las unidades de apoyo en el mercado protegido de trabajo para personas con discapacidad, “un compromiso que hoy se refuerza con el empleo de las personas en exclusión social en la región, con una convocatoria de 1,34 millones de euros dirigida a apoyar el empleo a través de las empresas de inserción”, unas ayudas que cuentan con tres líneas, como ha detallado: una primera dirigida a la contratación de personas en exclusión social que cubre el 100 por cien del SMI en el primer año, el 75 por ciento del SMI en el segundo año de contrato y el 40 por ciento del SMI en el tercero; una segunda línea para la contratación de técnicos de acompañamiento con la cobertura del 75 por ciento del SMI durante doce meses; y una tercera para apoyar la contratación de asistencias técnicas por parte de estas empresas.

“Desde que pusimos en marcha estas ayudas, hemos destinado ocho millones de euros a apoyar cerca de 300 contrataciones, de las cuales 250 han sido personas en exclusión social que han encontrado una oportunidad de empleo”, ha señalado Patricia Franco, animando a las empresas de inserción de la región a participar en la convocatoria para continuar trabajando de manera conjunta para facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.

“Es imprescindible que trabajemos de la mano con el tercer sector y con la iniciativa privada para seguir empujando y apostando con fuerza por la inserción laboral de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en la región”, ha indicado la consejera, que ha agradecido el trabajo de Fundación Mapfre, y a su directora de Fondos Sociales, María Dolores Moya, tanto por su iniciativa de traer a Toledo esta jornada informativa como la labor que realizan a través de herramientas como el Fondo Social Europeo + para favorecer esa inserción.

En este sentido, Patricia Franco ha detallado que la senda del Fondo Social Europeo + está aprobada hasta el año 2027 en Castilla-La Mancha, con una dotación económica que supera los 406 millones de euros, “de los cuales, el 30 por ciento del presupuesto va dirigido a luchar contra la pobreza y a impulsar la inserción social y laboral de los colectivos con mayores dificultades en la región”.

Además, la consejera ha señalado la importancia de hacer especial hincapié en las zonas rurales de Castilla-La Mancha, recordando que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una Ley de Medidas contra la Despoblación pionera en toda Europa, “que establece medidas de estímulo positivo en materia de empleo o de actividad empresarial que han supuesto una inversión por parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de cerca de 230 millones de euros en los dos últimos años”, y que se complementa con otras leyes como la Ley de Proyectos Prioritarios que han supuesto el asentamiento de actividad industrial generadora de empleo estable en muchos municipios de la región.

“Valquer, en Villaminaya, referente en la industria farmacéutica en un municipio de poco más de 500 habitantes; Schüzt, en Cazalegas, también referente en su sector en una localidad de menos de 2.000 habitantes; o Petrolite, en Montalbo, creando una veintena de puestos de trabajo en una localidad de 626 habitantes, son buenos ejemplos de Proyectos Prioritarios en la región que han servido para radicar actividad y riqueza económica en los entornos rurales”, ha dicho Patricia Franco, una actividad que es “fundamental para continuar creando oportunidades para las personas que más dificultades tienen para insertarse en el mercado laboral”, ha finalizado.