Además de dejar desprotegido al usuario frente a las aseguradoras, APES señala que puede ocasionar daños personales y materiales debido al riesgo al que se exponen por no acudir a instaladores legalmente establecidos, ya que estos garantizan tener la cualificación necesaria para realizar estas instalaciones sometidas a la seguridad industrial. Por ello, APES sigue insistiendo en esta labor en colaboración con la Administración para poner en evidencia a empresas que realizan esta serie de acciones y que están muy localizadas.

Desde APES, en palabras de su presidente, Javier Chacón, “esperemos que esta sentencia sea un aviso a navegantes. Todos aquellos que se dedican a la firma de boletines sin haber ejecutado las correspondientes instalaciones sepan que desde APES estamos trabajando de manera directa junto con la Administración en pro de la seguridad y de nuestros asociados, que son instaladores legítimamente establecidos, poniendo en evidencia estas situaciones fraudulentas y peligrosas para todos”.