A falta de la preceptiva firma en la notaría, las calles y zonas libres del Barrio de San Juan ya son de propiedad municipal. El pleno aprobó ayer por unanimidad la ratificación del convenio de cesión gratuita por parte de los representantes de la barriada al Municipio, culminando un proceso que se ha alargado durante tres décadas. Se notaba alegría en los vecinos del barrio que acudieron anoche al Pleno Ordinario de octubre.

Una sesión plenaria que, con la ausencia de Inmaculada García, del Grupo Socialista, se alargó durante dos horas y media, aprobando también por unanimidad la convocatoria de un procedimiento abierto para la construcción de un crematorio en una parcela del Ayuntamiento anexa al Cementerio Municipal. De igual forma, los concejales votaron a favor de la creación de una comisión para que estudie el establecimiento por parte del Ayuntamiento de un servicio público de paquetería. La inmigración, concretamente una moción presentada por PP y VOX trasladó al pleno un debate candente en la sociedad y en la opinión pública. Los grupos mostraron sus posiciones, irreconciliables en algunas ocasiones, con acusaciones de racismo y de fomentar la inmigración ilegal. La modificación de varias ordenanzas fiscales y las enmiendas a la mismas del PSOE suscitaron un interesante debate.

Empezando por lo más fácil, todos los concejales —como decimos— votaron a favor de la ratificación del acuerdo por el que el Ayuntamiento se hace cargo de las calles y zonas comunes del Barrio de San Juan. El alcalde, Javier Navarro, lo calificó de una gran noticia “la municipalización no es la solución a los problemas de convivencia del barrio, pero puede ayudar”. Ha sido posible “por la insistencia y la capacidad de convencer de los vecinos”, señalaba el primer edil, que dio las gracias a todos los que la han hecho posible.

Josué Benavente, el presidente de la asociación de vecinos, en el turno de intervención del público dio las gracias a las “personas que durante estos 30 años quisieron luchar por una municipalización de nuestro barrio tomellosero, medio olvidado. Agradecer a esos ciudadanos que en su día dejaron la pasividad por demandar una mejora de su zona de residencia”. Agradeció Benavente a muchas personas, miembros pasados y presentes de la asociación de vecinos, anteriores corporaciones y a todos los que lo han hecho posible. Tras el pleno, se brindó en la plaza por “una gran noticia”.

Moción contra la inmigración irregular

PP y Vox presentaron una moción —que fue aprobada por sus respectivas bancadas—solicitando “al Gobierno de la Nación acciones dirigidas al cambio de las políticas sobre inmigración irregular en España”. Dejar sin efecto la política “de puertas abiertas a la inmigración ilegal”; dejar sin efectos “la creación de un centro de estancia para inmigrantes irregular en el aeropuerto de Ciudad Real”. En aplicación de la ley 4/2000 se solicita “la inmediata expulsión de los inmigrantes ilegales”. Se piden las medidas necesarias “para evitar el fraude en el empadronamiento”; la reimplantación de la Oficina de Extranjería en Tomelloso y, por último, incrementar en al menos veinte agentes la plantilla de la Guardia Civil de Tomelloso.

A pesar de que el PSOE suscribiría algunos puntos del documento, su portavoz Francisco Barato, califico la propuesta de “racista y xenófoba, que utiliza el miedo y la preocupación existente”. Señaló Barato que “para mejorar la seguridad, lo que haga falta. Quien delinca que caiga sobre él todo el peso de la ley”, pero matizó, “no se puede vincular inmigración con delincuencia”. Para los socialistas, “la moción es desafortunada y una aberración”.

Elena Villahermosa, de VOX, apuntó que la que se debatía “no es una moción de odio, que es lo que practican ustedes”, va a proporcionar “seguridad a los vecinos de Tomelloso”. Aseguró la edil que la situación “se está volviendo insostenible en España”, no se puede asumir el crecimiento de la llegada de inmigrantes irregulares “que ha aumentado un 62 por ciento”. Asegura que “el reparto de inmigrantes ilegales en Ciudad Real nos va a tocar de lleno”.

Benjamín de Sebastián, por el Grupo Popular, respondió a Barato que “diga a los vecinos del Barrio de San Juan que la inmigración irregular no es un problema”. Señaló que en el PP “rechazamos el aeropuerto porque los inmigrantes irregulares son, ante todo, personas, no podemos traerlos a un campo de concentración en medio de la llanura manchega”.

El alcalde, que cerró el debate, aseguró que “sabíamos que nos tacharían de racistas”. Pero, preguntó, “¿es racismo pedir más agentes, que vuelva la unidad de Extranjería o que se frene la inmigración irregular?”. Aseguró que “no soy racista, ni xenófobo, estoy orgulloso de todas las personas que han tenido que salir de sus casas, eligiendo Tomelloso y contribuyendo a su crecimiento. No los llamo inmigrantes, los llamo tomelloseros”. Para Navarro, racismo es “pedir avales para quien quiere hacer un centro para acoger inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Ciudad Real”.

Barato Pidió que constase en el acta de la sesión “que el PSOE está de acuerdo con los puntos 2, 5 y 6 de la moción”, en contra del centro de inmigrantes en el aeropuerto y por el aumento de la dotación de la Guardia Civil y la vuelta de la Unidad de Extraería.

Ordenanzas fiscales

El equipo de gobierno llevó al pleno la modificación de varias ordenanzas fiscales a las que el PSOE presentó enmiendas. La primera, la bajada del IBI de rústica del 0,33 por ciento al 0,30, “el máximo permitido”, dijo el alcalde ante la crítica del portavoz Socialista de que le parecía poco. El PSOE propuso una baja del IBI de Urbana del 0,70 % al 0,65% “para cumplir sus promesas electorales”. Algo que, según el portavoz del gobierno local “vamos a hacer, esté tranquilo”. Se rechazó la enmienda socialista y el punto salió adelante por unanimidad.

También se aprobó por unanimidad la bajada de las terrazas, de en torno a 1,5 euros por mesa, de media. El PSOE propuso que “las tres primeras mesas sean gratis”, propuesta rechazada, por el difícil encaje en las ordenanzas. Con respecto al servicio de Ayuda a Domicilio, las tasas se adecúan para repercutir el aumento de costes de la Junta. La enmienda de los socialistas fue encaminada a que la tasa mínima de los servicios culturales “fuese de 0,50 euros”, que rechazo la mayoría.

La subida de la tasa del agua potable fue la que más debate provocó. Justificada por el equipo de gobierno para asumir la Tasa del Agua, “impuesta por el Ejecutivo de Page” y votada a favor por el portavoz socialista en el Parlamento regional, el PSOE la considera excesiva, señalando que “se va a repercutir más de lo que va aumentar el recibo medio por el canon”. Los socialistas propusieron crear una “tarifa social” del agua, algo que rechazó el equipo de gobierno “por insolidaria, dado que no favorecería a las familias con más miembros”. La modificación salió adelante con los votos de PP y VOX.