La sentencia todavía no es firme, se puede recurrir.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a veinte años de cárcel a A.S, la madre acusada de prostituir a una de sus hijas cuando solo tenía trece años en Ciudad Real, con un hombre adulto que frecuentaba su casa, al que también condenan a diecisiete años de cárcel. Pasó entre 2020 y 2022, hasta que la denuncia de una trabajadora social municipal destapó el caso.
El tribunal considera a la progenitora, de origen polaco, autora de un delito continuado de agresión sexual y otro de corrupción de menores, por los que le impone once y nueve años de prisión, respectivamente.
La pena para el corruptor, J.R.B., español, vecino de un pueblo la provincia, de 67 años, es de diecisiete años de cárcel por los mismos delitos (la condena para madre es mayor por su deber de proteger a su hija).
La sentencia considera probado que la madre y el adulto se concertaron primero para vender la primera relación sexual de la niña por seis mil euros y después para que el adulto tuviera relaciones sexuales completas con la menor por otras cantidades de dinero que iba entregando tanto a la madre como a la hija, de mil, veinte, cincuenta o doscientos euros.
El tribunal considera acreditado que el varón, que en el juicio dijo que su relación con la niña era como la de un padre, agredió sexualmente a la menor conociendo la edad que tenía, en encuentros sexuales que se producían tanto en el domicilio de las mujeres en Ciudad Real, como en el interior de un vehículo que utilizaba J.R.B., “en diversos puntos de la provincia facilitando en ocasiones la madre dichos desplazamientos a través de una autorización escrita”, dice textualmente el fallo.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que juzgó el caso a puerta cerrada a mediados de octubre, da plena credibilidad al testimonio de la menor, ahora de 17 años, “mantiene un relato coherente, congruente con relatos anteriores más allá de las diferencias en aspectos meramente secundarios que no alteran en lo sustancial el relato principal de los hechos, demostrativo de que no cuenta una realidad implantada sino vivida, como lo denota incluso sus respuestas directas”, dice la sentencia a la que ha tenido acceso Lanza.
“Pretender demonizar la declaración de la menor por su aptitudes y conductas, anteriores y posteriores cuando la víctima cuenta 17 años resulta a todas luces improcedente; insistimos no se enjuicia su vida personal, sus disfunciones, su conducta descontextualizada para su edad, y en nada afecta para valorar su testimonio”, incide el fallo del tribunal.
El tribunal establece también una indemnización de 25.000 euros para la víctima por daños morales, que tendrán que afrontar solidariamente los dos acusados.
Este caso llegó a los juzgados por el contenido de un video que desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real pusieron en conocimiento de la Policía Nacional, en concreto del grupo segundo en el que está la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), violencia machista y agresiones sexuales, como Unidad de Familia y Mujer (UFAM).
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Miércoles, 4 de Diciembre del 2024
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