La asociación critica que no se pongan límites a las dimensiones de las plantas de biogás, lo que perjudicará a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, que tendrán dificultades para disponer de pequeñas plantas de biometano para tratar sus residuos de forma más sostenible y con mucho menos impacto en las poblaciones locales. Además las plantas de grandes dimensiones multiplican las probabilidades de incidentes, impactos sociales y ambientales.

Ecologistas en Acción, que ha presentado alegaciones contra el Plan, niega que sea sostenible medioambientalmente, puesto que la tasa de recuperación energética del biometano que se pretende obtener es muy inferior a la energía invertida en las actividades ganaderas y agrícolas intensivas que han dado lugar a los residuos a tratar.

Considera que las distancias que deben respetar las plantas de biogás con los núcleos urbanos más próximos son insuficientes y deberían incrementarse un 30%, puesto que el mismo Plan reconoce la toxicidad de las emisiones. Asimismo, se favorecerá la llegada a Castilla-La Mancha de residuos procedentes de explotaciones lejanas, lo que supondrá un aumento considerable en la huella de carbono generada en su tratamiento e incrementará las molestias de la población por el tráfico generado.

Asegura que las cifras de creación de puestos de trabajo están hinchadas, ya que las mismas empresas de biometano han declarado que las plantas tendrán un alto nivel de automatización y de uso de la inteligencia artificial.

Ecologistas en Acción alberga fundadas sospechas de que la Junta de Castilla-La Mancha encargó la redacción del plan a una empresa del sector, concretamente a Biovic, que se convertiría así en juez y parte del mismo.