En los últimos días, hemos escuchado a un extinto líder político denominar al sistema de pensiones español, «estafa piramidal». Jamás se había llegado tan lejos al atacar a la institución más importante del Estado, la Seguridad Social. Con el ánimo de echar por tierra semejante aberración, debiera contestarse a este exabrupto desde cualquier rincón de opinión y, por ello, me sumo a la causa.

La Seguridad Social gestiona las pensiones de jubilación. Su funcionamiento básico es sencillo (hablaremos, en todo momento, del régimen general): por cada trabajador, se aporta una cantidad mensual, denominada «cotización», la cual consta de dos partes, la cuota empresarial y la cuota obrera. Esta contribución mensual está ligada a la retribución del trabajador, por lo que, a mayor salario, mayor es la contribución.

Las cotizaciones son ingresos para la Seguridad Social y se destinan al pago de las pensiones vigentes. Es decir, los trabajadores de hoy sufragan las pensiones de los jubilados de hoy. Este sistema se llama «de reparto» y garantiza que las generaciones en activo sostienen a las jubiladas.

Cotizar (aportar mensualmente a la Seguridad Social) durante un período mínimo, genera derecho a percibir una pensión de jubilación. Esta pensión de jubilación se calculará en función del tiempo durante el que se han realizado aportaciones y en función, no de la cuantía de las cotizaciones, sí de la cuantía aproximada del salario que se ha percibido en cada momento de la vida laboral, debidamente actualizado a la fecha en la que se produce la jubilación.

Lo anterior es uno de los rasgos distintivos de nuestro sistema y de su generosidad: la pensión no es la suma distribuida de las aportaciones pasadas (cotizaciones), sino que se calcula en base a lo que se ha cobrado como sueldo, de tal manera que uno espera recibir, como pensión de jubilación, una suma mensual, similar a su sueldo. Este concepto se conoce como «tasa de sustitución» y es la comparación entre lo que se recibe de pensión de jubilación y el último sueldo en activo. Esta tasa es de las más altas entre los países desarrollados.

Consecuencia inmediata de lo anterior: en un plazo que oscila entre los 7 y 10 años, tras jubilarse, un pensionista habrá consumido todo lo que aportó (cotizaciones) durante su vida laboral y, sin embargo, la Seguridad Social seguirá aportando esta pensión de jubilación hasta el fallecimiento. El sistema es generoso y protege a los trabajadores.

Este funcionamiento se ha visto afectado por tensiones que tienen que ver con la demografía, en especial con la esperanza de vida. Afortunadamente, cada vez vivimos más. Desafortunadamente, cada vez se tienen menos hijos. Conjuntamente, estas dos realidades motivan que haya que seguir pagando pensiones con aportaciones (cotizaciones) que van en detrimento. Además, las cotizaciones se calculan como una parte del salario y si estos salarios son más bajos, las cotizaciones serán más bajas. Todo ello provoca que, con las cotizaciones, ya no sea suficiente para pagar las pensiones de jubilación.

¿Soluciones? A corto plazo, el parche ha consistido en transferir a la Seguridad Social el dinero que falta, dinero que proviene de los impuestos y que, en teoría, debiera estar para otra cosa (políticas de vivienda, fomento del empleo, educación, sanidad, etcétera). Es decir, estamos auxiliando al sistema de reparto, inyectando recursos externos que tienen otro destino.

A estas alturas, se debería estar pensando en modificar el sistema de pensiones. Hasta hace pocos años, ha funcionado aceptablemente y España era uno de los pocos países que podía presumir de pensiones suficientes, alimentadas a través de una sola fuente: la Seguridad Social. Sin embargo, ya no es así, por lo que debería transitarse hacia otro sistema en el que la Seguridad Social ya no esté sola.

El nuevo sistema seguiría siendo de reparto (trabajadores sostienen pensiones), pero la pensión se calcularía sobre las cotizaciones realizadas, debidamente actualizadas, y la esperanza de vida prevista (sistema de cuentas nocionales). Esto supondrá una reducción significativa de la pensión mensual, por lo que se necesita de otra fuente, otro «pilar», que vendría de la mano de la capitalización de cuotas mensuales de fondos de pensiones de empresa. Naturalmente, el cambio no puede ser inmediato y debe llevarse a cabo de manera gradual, afectando a la población activa a partir de cierta edad.

En unos años, las tensiones habrían remitido y los impuestos ya no serían necesarios para sufragar el gasto en pensiones. El sistema seguiría siendo de reparto y la tasa de sustitución no se desplomaría. Cuanto antes se lleve a cabo esta reforma, antes acabaremos con declaraciones que no persiguen más que sembrar conflictos y generar enfrentamientos que no nos conducen a ningún lugar deseable.

Nuestros dirigentes y los que aspiran a serlo deben llegar a un pacto de no agresión en relación a las pensiones y sentar las bases para que se modifique el sistema y continue con su buen funcionamiento. Todo lo demás es estrategia electoral, dividir a la población y desviar la atención del problema. Si, hoy por hoy, los jóvenes tuvieran mejores expectativas en cuanto a vivienda y salario, estas proclamas no surtirían efecto. Modifiquemos el sistema de pensiones para que los impuestos pueden destinarse a las otras grandes políticas (educación, sanidad y vivienda) y dejemos de hablar de «estafas», a no ser que sea para referirnos a aquella situación en la que se conoce cuál es el camino y, por tácticas electorales, se prefiere ignorarlo.

Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos)