“Tenemos que estar de acuerdo” ha afirmado Francisco Ramírez, letrado de la acusación particular (defensor de la víctima), añadiendo porque al final “lo que se buscaba es que se condenara un hecho delictivo”.

Explica que en este caso da las circunstancias especiales que la víctima, en su momento, porque a lo mejor no entendía muy bien, ya que no entiende del todo el castellano, no pudo pedir justicia gratuita antes. “Nosotros la única posibilidad que teníamos era adherirnos a lo que pedía el ministerio publico. En esa adhesión no podíamos elevar la pena, entonces hemos tenido que mantener el escrito de acusación del ministerio fiscal. Entiendo que se salvaguardan todos sus derechos y se ve penada un delito que evidentemente se tenía que condenar”.

“Ella siempre tenía miedo”

“Ella siempre tenía el miedo”, ha afirmado el letrado y explica que el miedo que tenía era que si denunciaba algo la podían echar de la vivienda. y que acudió a los juzgados para denunciar los hechos cuando “no podía soportar más las situación”.

Los acuerdos antes de celebración de vistas de procedimientos penales son muy habituales asegura Luis Bautista, abogado de la defensa. Añade que en la práctica, con peticiones de acusación que son superiores de dos años tienes dos opciones: “negocias y aceptas los hechos o te juegas una condena superior a dos años con lo cual puedes entrar en prisión”.

“Puedes estar o no conforme con los hechos”, añade, pero “tienes que valorar el riesgo y aceptar determinados hechos aunque no estés conformes con los mismos porque el riesgo inherente a ese juicio. Hay que ser pragmático. Ha reconocido los hecho y acepta la pena que se le pide pactada con el ministerio publico y la acusación particular, limitada a dos años”.

La víctima tenía alquilada una habitación en la casa del condenado por la que pagaba 200 euros al mes

Los hechos, según el escrito del fiscal, ocurrieron en junio de 2023, aunque dese abril de ese año el ahora condenado venia conviviendo en su domicilio con la víctima con la que tenía un contrato de arrendamiento de una de las habitación de la vivienda, por la que ésta pagaba 200 euros al mes.

Durante el mes de junio en varias ocasiones entraba en la habitación de su inquilina “con un evidente ánimo libidinoso y sin el consentimiento” de esta cuando ella estaba en su interior, yendo en ropa interior e incluso desnudo y le proponía mantener relaciones sexuales y que le realizase tocamientos, al tiempo que le realizaba tocamientos a ella. El escrito de acusación añade que P.O.R. le manifestaba a la víctima que “si iba a la policía, no la iban a creer porque no tenía papeles”.

En una de las ocasiones en concreto ante la negativa de la víctima el ahora condenado “le propinó un empujón contra la cama y le agarró fuertemente de los brazos al tiempo que le realizaba diversos tocamientos”. Como consecuencias la mujer sufrió varias lesiones.

Unos hechos que el fiscal calificaba como un delito de agresión sexual continuada por el que pedía cuatro años de cárcel así como otros cuatro de libertad vigilada. Además de en la responsabilidad civil pedía por daños morales fija una indemnización de 2.000 euros, así como en la cantidad de 150 euros por las lesiones sufridas.