El Pleno presidido por Pablo Bellido ha votado este jueves en el Convento de San Gil de Toledo los cinco dictámenes elevados por la Comisión de Economía y Presupuestos de la semana pasada correspondientes a las cuentas de la Junta de Castilla-La Mancha de los años 2016 a 2020, con idéntico resultado en la votación, favorable en el caso del grupo mayoritario socialista y contrario en el caso de las bancadas de la oposición de PP y Vox. En el debate ha intervenido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

El Parlamento ha dado el visto bueno también con los votos de los tres grupos parlamentarios a una PNL presentada por el Grupo Popular sobre la gratuidad de la autopista R-5 durante el periodo de tiempo en el que duren las obras de soterramiento de la autovía A-5 “para mitigar los efectos que estos trabajos tendrán en la movilidad de miles de castellanomanchegos”, con un coste que proponen que asuma el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Rechazada la proposición de ley de Vox

El primer punto del orden del día ha consistido en el debate de la ‘Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha’, impulsada por el Grupo de Vox, y que en la ronda de votaciones ha caído, al haber obtenido el respaldo de 15 escaños -también del PP- y la oposición de los 17 del PSOE. De este modo, queda frenada la tramitación de esta iniciativa legislativa en el Parlamento Autonómico.

El orden del día de este jueves ha incluido también un debate general sobre la política general del Gobierno Regional en relación con la atención a personas con discapacidad, un punto que acumulaba una interpelación del Grupo Popular y un debate general del PSOE sobre el mismo asunto, en el que ha intervenido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano.

Este debate se ha saldado con la aprobación de una resolución del Grupo Socialista en la que se pide al Ejecutivo Regional que continúe reforzando los recursos y servicios de atención a personas con discapacidad, tanto en centros públicos como de entidades privadas; a la vez que reclama al Gobierno de España que “articule mecanismos para agilizar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tras la entrada en vigor del nuevo baremo operado” por Real Decreto.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición ha formulado preguntas orales sobre “las medidas concretas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno Regional con el fin de fomentar el autoempleo en la región” y sobre “la situación asistencial del complejo hospitalario universitario de Albacete”, en el caso del PP, y relativa a “las medidas para garantizar que todas las familias de la región tengan acceso a una vivienda digna y adecuada”, en el caso de Vox. Estas cuestiones han sido respondidas por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.