La justicia social no es un concepto abstracto, sino una necesidad concreta que afecta a millones de personas en todo el planeta, pero también lo es para miles de personas en la región. De hecho, la lucha contra la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente en un contexto de crisis económica y social. Así lo demuestran los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada la pasada semana, en la que indicaba tasas de pobreza en la región es del 34,2% de la población de Castilla-La Mancha. Por ello, es imperativo garantizar el acceso a recursos básicos como la vivienda, la educación, los servicios sociales, el empleo y la sanidad, pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades.

En este contexto, la inclusión social debe ser un eje prioritario y el camino para hacer de la justicia social una realidad de las políticas públicas con las personas más vulnerables. Otro ejemplo lo vemos en las personas con discapacidad y las personas mayores que se enfrentan a barreras diarias que limitan su participación plena en la sociedad. La accesibilidad, tanto física como digital, el acceso a un empleo digno y la promoción de la autonomía personal son cuestiones que no pueden seguir esperando. Y quiero apuntar aquí que la creación de un Comisionado de Accesibilidad por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, puede hacer de esta región una referencia en la aplicación de un derecho que si bien no es fácil – por la trasversalidad de materias: educación, movilidad, cognitiva…- no deja de ser el principal problema al que se enfrentan en su vida cotidiana miles de personas y familias en la región.

Justicia social más allá de las generaciones y los territorios

El apoyo a la infancia debe estar en el centro de la agenda pública. La pobreza infantil – en un peligrosísimo 34,7 por ciento en la encuesta anterior- y la desigualdad en el acceso a la educación perpetúan patrones de exclusión difíciles de romper, sumiendo a nuestros jóvenes en una espiral difícil de romper. La inversión en políticas de infancia no solo es un acto de justicia, sino una apuesta por el futuro de nuestra sociedad, y una apuesta por la economía del conocimiento porque los jóvenes no sólo tienen derecho a decidir su futuro, también tienen la obligación de gestionar y gobernar la sociedad en la que vivirán.

Y en este sentido, tenemos el testigo más alto de justicia social en la cooperación al desarrollo, clave en la lucha global por la equidad y la inclusión más allá de nuestras fronteras. No podemos olvidar que las desigualdades trascienden territorios y que la solidaridad internacional es más necesaria que nunca. El refuerzo de las políticas de cooperación es un imperativo ético y estratégico para avanzar hacia un mundo más equitativo. Como lo es también una revisión, activa y constructiva del   voluntariado social, elemento fundamental en la construcción de comunidades más cohesionadas y resilientes. Las personas voluntarias son el motor de muchas iniciativas que transforman vidas y generan cambios reales. Fomentar la cultura del voluntariado es fortalecer el tejido social y la conciencia colectiva sobre la importancia de la solidaridad.

Por ello, podemos concluir que la justicia social no es solo una aspiración, sino una responsabilidad compartida. Recogida en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, marca una agenda que tiene como objetivo mejorar la sociedad utilizando para ello el reconocimiento de los derechos de ciudadanía. Desde el Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, instamos a las administraciones, al sector privado y a la ciudadanía a trabajar juntos para construir una sociedad más justa e inclusiva. Porque solo así podremos garantizar que nadie quede atrás en el camino hacia un futuro mejor.

José Antonio Romero Manzanares.

Presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha

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