Más seguridad, más recursos, más fiscalización y que se reconozca los problemas que tiene esta profesión son las principales reivindicaciones del colectivo de educadores sociales (unos 200 en la provincia de Ciudad Real según CCOO) que se encuentra consternado por la muerte de una compañera tras la agresión de tres menores en Badajoz. Con este motivo CCOO junto a UGT ha convocado concentraciones este viernes 14 de marzo, de 11.30 a 12.30 horas, en las puertas de los servicios de Infancia y Familia de cada provincia de Castilla-La Mancha. En Ciudad Real en concreto en la delegación de Bienestar Social de la calle Paloma.

Antonio Romero, educador social de Ciudad Real, y responsable estatal de menores de CCOO ha explicado que estas concentraciones, a la que se han unido otras entidades como el Colegio Oficial de Educadores Sociales y diversas plataformas, pretenden ser un acto de denuncia, un apoyo a la familia de la compañera fallecida y una reivindicación del trabajo del educador social.

Ha lamentado que esta profesión está muy invisibilizada a pesar de tratarse de un servicio publico y que por desgracia, solamente son motivo de atención cuando ocurre una desgracia de este tipo, cuando se habla de casos muy mediáticos, o cuando se usa a los menores para hacer política como en el caso de los MENA.

Lo ocurrido en Badajoz ha hecho evidente una situación que, según Romero, CCOO viene denunciando desde hace años. «Trabajamos con una tipología de menores que es muy cambiante, porque los perfiles que hay en protección no se corresponden con los que había hace una década. En este caso, además hablamos de un centro con menores con medidas judiciales, es decir han cometido un delito previo. Y por lo tanto situaciones de agresiones, de estrés y amenazas los trabajadores y trabajadoras lo sufrimos, no diariamente, pero sí que hay episodios de este tipo con demasiada frecuencia, y lo peor de todo esto es que muchas veces estamos solos y solas». A lo que añade que siendo un centro de reforma debería contar en teoría con más personal.

Para Romero hay que tener en cuenta que están trabajando para tener una atención debida al menor y proteger a ese menor que vive una situación de desprotección, de conflicto con la ley y hay que hacer un trabajo individualizado porque cada uno tiene sus particularidades individuales. «Un profesional que esté solo con ocho menores, como la situación que se da aquí en protección que son de ocho plazas o medio abierto, no puedes intervenir con uno teniendo a otros siete que te están demandando. Un trabajador no puede estar solo con menores ni de día ni de noche».

Se trata además una profesión muy vocacional donde se trabaja con ONGs, con lo cual, ha asegurado Romero, muchas veces el trabajador ni es consciente que es vulnerado sus derechos laborales. «Nosotros hemos denunciado a este tipo de entidades porque no aplicaban el convenio colectivo, o las categorías profesionales, se lo hemos dicho a la administración y esta no hace nada, y al final somos nosotros como sindicato los que hemos tenido que denunciar esos incumplimientos y situaciones que se están dando en muchos centros».

Una situación causada, entre otras cosas, ha explicado, porque la administración se está ahorrando dinero en los presupuestos, a parte de quien sea la responsabilidad directa de la gestión de estos recursos. Algo que se está dejando a cargo de entidades que «cada una tiene su criterio educativo y que cada una aplican sus normas como entiende».

Al ser preferente el interés del menor, si no hay suficiente plantilla para atenderlo se suspenden licencias o llaman en turnos libres entonces «redunda en los profesionales que al final tienen una sobrecarga de trabajo y, a parte los riesgos psicosociales o de su estado de animo, porque al final se está trabajando con personas y cada uno de estos chicos tiene un drama y unas necesidades, a lo que se añade el no sentirse protegido y tener unas condiciones que muchas veces son precarias». Algo que, ha añadido están consiguiendo mejorar en el convenio colectivo pero les esta costando muchísimo, no solo negociarlas sino que luego las administraciones las asuman.

Por otro lado, ha recordado como en el caso de Castilla-La Mancha han logrado desde CCOO que se impugne el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales (que incluye centros como en el que trabajaba la compañera extremeña fallecida) que aprobó el Gobierno regional hace unos meses y que suscitó el rechazo por parte del sindicato, además de otras entidades y el Colegio Profesional de Educadores Sociales ya que no respeta las figuras profesionales ni el cumplimiento de las condiciones del Convenio Sectorial. «El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nos ha dado la razón y ha estimado y anulado el actual concierto social en Castilla-La Mancha».

«Es un servicio, no un negocio»

UGT Castilla-La Mancha, por su parte, ha manifestado en una rueda de prensa que hay que entender que esta labor es un servicio, no es negocio y que la educación, los cuidados, el acompañamiento a la juventud requiere más allá de las condiciones mínimas. Considera además que estos centros «requieren de un servicio público de calidad», ya que son «una necesidad que obliga a revisar qué condiciones existen en los centros de menores de la región» de mano de la Administración regional. Además ha solicitado un protocolo de atención de estos menores en todo el país, sin que suponga «un reino de taifas».

Ha exigido una revisión del modelo de gestión de los centros ya que la tutela de menores la acomete el Gobierno regional y la gestión en «casi la totalidad» de los centros la asumen fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. También han hecho hincapié en las condiciones laborales y de seguridad, además de solicitar al Gobierno regional un análisis de todos los centros para ver sus necesidades y que los trabajadores puedan tener un entorno seguro donde desarrollar su labor.

Medidas urgentes para proporcionar recursos materiales y técnicos necesarios

Similares argumentos ha manifestado la Escuela Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha que se ha unido a la convocatoria de concentración de CCOO. En un comunicado ha reclamando «a las administraciones públicas y a las empresas gestoras a que tomen medidas urgentes para proporcionar los recursos materiales y técnicos necesarios para evitar que este tipo de tragedias se repitan».

«Este lamentable suceso no es un mero accidente, es el resultado de las constantes externalizaciones de servicios sociales», han afirmado desde la entidad profesional, subrayando que una parte importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con el convenio colectivo del sector ni la normativa de prevención y protección de las personas trabajadores.

En este sentido, han reclamado a la administración que cumpla «de manera estricta la normativa autonómica y estatal vigente en materia de protección social, derechos laborales y seguridad en los entornos de trabajo».