El debate, en estos momentos, se centra en la cuestión del coste de oportunidad. De dónde obtener esos once mil millones de euros más, se ha convertido en todo un reto para un gobierno que debe emplear toda su capacidad retórica para asegurar que no habrá recortes sociales. Cañones o mantequilla, como rezaba el manual de Economía del profesor Samuelson, cuestión que, traída al siglo en el que vivimos, bien podría definirse como «drones o pensiones».

Ahora bien, ¿es así? La alternativa de la Deuda Pública no es del todo recomendable, pues trasladaríamos a futuro (a nuestros jóvenes) un problema adicional, visto nuestro actual endeudamiento (105 por ciento del PIB de 2023). Tampoco parece probable el escenario que plantean los socios de gobierno, rechazando el aumento en el gasto. Así las cosas, tal vez estemos ante una gran oportunidad para llevar a cabo reformas de enorme relevancia.

La primera gran reforma cuenta, desde el 30 de julio de 2024, con infraestructura nacional, el denominado «Consejo de la Productividad de España», una apuesta decidida del ministro Carlos Cuerpo, con uno de los más reputados economistas españoles al frente, el doctor Juan Francisco Jimeno. En palabras del Nobel Krugman, «la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo». Efectivamente, convertirnos en una economía más productiva nos hará más ricos al disfrutar de mejores salarios y mejores empleos, lo que conducirá a una mayor renta per cápita y mejorará las cuentas públicas. Pero los resultados no se producirán de un día para otro. Allá por el 2016, el Consejo de la Unión Europea recomendó su creación. En nuestro caso, hemos tardado ocho años en ponerlo en marcha. Dará sus frutos si existe voluntad política y un ejecutivo fuerte y capaz de explicar las medidas.

La segunda gran reforma puede venir de la mano de la fiscalidad. Necesitamos un sistema fiscal más sencillo y eficiente que haga posible reducir y aflorar buena parte de la economía sumergida. Un estudio del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia cifraba, para 2022, la economía sumergida en un 15,8 por ciento del PIB. Combatirla es deseable, pues hablamos de aquella parte de nuestra actividad en la que se refugian actividades ilícitas y no deseables para la sociedad. Por tanto, además de los innegables beneficios, sacar a flote únicamente dos puntos de PIB, acabaría con el debate drones-pensiones.

La última gran reforma no puede ser otra que la que afecte al sistema de pensiones. La actual configuración exige, anualmente, el trasvase de una cantidad equivalente al 0,8 por ciento del PIB (Fedea), desde los impuestos a la caja de la institución. Transitar hacia un sistema sostenible aliviará las cuentas públicas en el largo plazo si las reformas comienzan a implementarse. Las claves son, de nuevo, políticas, pues los economistas hace tiempo que están de acuerdo en las bondades de un sistema de cuentas nocionales, apoyado en tres pilares (Seguridad Social, Fondos de empresas y fondos privados). Claro está que este sistema debe imponerse gradualmente, aunque su demora puede condenarnos a un ajuste severo en el medio plazo.

Las reformas, necesarias, lograrían expandir nuestra capacidad de producción, haciendo compatibles los gastos en defensa con la debida protección social. El inconveniente lo aportan los plazos. La política trabaja con un horizonte temporal cada vez más corto y lo importante sigue a rajatabla una ley imponderable: despacio y con buena letra.

Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos, Ciudad Real).