En el año 2024, España gastó en defensa una cantidad
equivalente al 1,28 por ciento de su Producto Interior Bruto, incumpliendo el
objetivo marcado, años atrás, del 2 por ciento. La diferencia es de 0,72 puntos
que, aplicados al Producto Interior Bruto de 2024, dan como resultado unos
11.470 millones de euros. Por tanto, se deberían estar gastando, anualmente,
unos 30.000 millones de euros.
El debate, en estos momentos, se centra en la cuestión del
coste de oportunidad. De dónde obtener esos once mil millones de euros más, se
ha convertido en todo un reto para un gobierno que debe emplear toda su
capacidad retórica para asegurar que no habrá recortes sociales. Cañones o
mantequilla, como rezaba el manual de Economía del profesor Samuelson, cuestión
que, traída al siglo en el que vivimos, bien podría definirse como «drones o
pensiones».
Ahora bien, ¿es así? La alternativa de la Deuda Pública no
es del todo recomendable, pues trasladaríamos a futuro (a nuestros jóvenes) un
problema adicional, visto nuestro actual endeudamiento (105 por ciento del PIB
de 2023). Tampoco parece probable el escenario que plantean los socios de
gobierno, rechazando el aumento en el gasto. Así las cosas, tal vez estemos
ante una gran oportunidad para llevar a cabo reformas de enorme relevancia.
La primera gran reforma cuenta, desde el 30 de julio de
2024, con infraestructura nacional, el denominado «Consejo de la Productividad
de España», una apuesta decidida del ministro Carlos Cuerpo, con uno de los más
reputados economistas españoles al frente, el doctor Juan Francisco Jimeno. En
palabras del Nobel Krugman, «la productividad no lo es todo, pero a largo plazo
lo es casi todo». Efectivamente, convertirnos en una economía más productiva
nos hará más ricos al disfrutar de mejores salarios y mejores empleos, lo que
conducirá a una mayor renta per cápita y mejorará las cuentas públicas. Pero
los resultados no se producirán de un día para otro. Allá por el 2016, el
Consejo de la Unión Europea recomendó su creación. En nuestro caso, hemos
tardado ocho años en ponerlo en marcha. Dará sus frutos si existe voluntad
política y un ejecutivo fuerte y capaz de explicar las medidas.
La segunda gran reforma puede venir de la mano de la
fiscalidad. Necesitamos un sistema fiscal más sencillo y eficiente que haga
posible reducir y aflorar buena parte de la economía sumergida. Un estudio del
departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia cifraba, para
2022, la economía sumergida en un 15,8 por ciento del PIB. Combatirla es
deseable, pues hablamos de aquella parte de nuestra actividad en la que se
refugian actividades ilícitas y no deseables para la sociedad. Por tanto, además
de los innegables beneficios, sacar a flote únicamente dos puntos de PIB,
acabaría con el debate drones-pensiones.
La última gran reforma no puede ser otra que la que afecte
al sistema de pensiones. La actual configuración exige, anualmente, el trasvase
de una cantidad equivalente al 0,8 por ciento del PIB (Fedea), desde los
impuestos a la caja de la institución. Transitar hacia un sistema sostenible
aliviará las cuentas públicas en el largo plazo si las reformas comienzan a
implementarse. Las claves son, de nuevo, políticas, pues los economistas hace
tiempo que están de acuerdo en las bondades de un sistema de cuentas nocionales,
apoyado en tres pilares (Seguridad Social, Fondos de empresas y fondos
privados). Claro está que este sistema debe imponerse gradualmente, aunque su
demora puede condenarnos a un ajuste severo en el medio plazo.
Las reformas, necesarias, lograrían expandir nuestra capacidad de producción, haciendo compatibles los gastos en defensa con la debida protección social. El inconveniente lo aportan los plazos. La política trabaja con un horizonte temporal cada vez más corto y lo importante sigue a rajatabla una ley imponderable: despacio y con buena letra.
Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos, Ciudad Real).
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Domingo, 16 de Marzo del 2025
Lunes, 17 de Marzo del 2025