El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el criterio de reparto del impuesto a la banca de acuerdo con el Producto Interior Bruto (PIB), establecido en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por ser injusto, arbitrario y a espaldas de las comunidades autónomas; y que “nunca antes se había utilizado en España”.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario, en la que ha explicado los motivos que han llevado al Ejecutivo de Emiliano García-Page a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Allí ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Ruiz Molina ha detallado que esta decisión se ha fundamentado en los informes que ha emitido el gabinete jurídico de la Junta Comunidades y posteriormente el Consejo Consultivo, quienes han coincidido en la posible inconstitucionalidad de la ley, refiriéndose al aspecto de reparto de la recaudación. Dejando claro, que no se discute el impuesto en sí, ya que “parece razonable que tributen más quienes más tienen”, sino únicamente el criterio de reparto.

Un criterio que el consejero ya expuso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de febrero, en el que manifestó el rechazo del Gobierno regional por la forma, ya que “debía haberse escuchado la opinión de las comunidades autónomas en este consejo”; porque no “entendíamos que su distribución se haga de acuerdo con un criterio que favorezca a las autonomías con mayor renta”. Además, porque este criterio sopone “una ruptura con los principios más elementales de redistribución de la riqueza” entre territorios. 

Y, por último, porque aceptar este criterio supondría, en primer lugar, sentar un precedente de como distribuir la riqueza del país; en segundo lugar, admitir algunos postulados de algunas regiones que defienden que aquellas que tienen mayor capacidad económica, deben tener más financiación; y, en tercer lugar, justificar financiaciones singulares para algunas comunidades autónomas que atentan contra el principio de igualdad.

Recurso de Inconstitucionalidad en base a tres motivos

Durante su alocución, el consejero ha explicado que la decisión que ha tomado el Gobierno de Castilla-La Mancha en la reunión extraordinaria de este viernes, se basa en tres motivos que “creemos que son fundamentales”. El primero de ellos, es que su aprobación se ha hecho “a espaldas” de las comunidades autónomas, de forma “unilateral y no consensuada”. En este sentido, ha indicado que “no se ha respetado el modelo de coordinación de las actividades financieras de los diferentes territorios” y, en consecuencia, “no se ha respetado la autonomía financiera que recoge el artículo 156.1 de la Constitución”.

El segundo motivo al que se ha referido el consejero es en relación con el criterio de reparto. En este caso, desde el Gobierno regional, y así lo ha transmitido Ruiz Molina, “creemos que debería haberse tramitado mediante ley orgánica y no a través de una ley de carácter ordinario, como así ha sido”, ya que, “debe ser una ley orgánica la que determine la implantación de un nuevo criterio de atribución de lo recaudado por los impuestos, cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas”, y por tanto, “que la ley vulnera la reserva de ley orgánica en materia de financiación recogida en el artículo 157,3 de la Constitución”.

El tercer motivo por el que se considera inconstitucional, y así lo ha avanzado, es porque el criterio de reparto aprobado “vulnera el principio de solidaridad”, al que se hacer referencia en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación (LOFCA), acentuando las desigualdades entre las comunidades autónomas, en vez de promover la convergencia de renta en el conjunto del territorio, “con este criterio se dota de más capacidad económica a quienes más tienen, en detrimento de las que menos tienen”, habiendo actuado el Estado de “manera insolidaria”. 

Defensa de los intereses de Castilla-La Mancha

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha resumido, como cierre de su intervención, que, con este criterio de reparto, se ha hurtado el debate a las comunidades autónomas, en un asunto que les afecta; además, se “atenta a valores fundamentales” recogidos en la Constitución, como son la equidad en el reparto de la riqueza, la solidaridad entre todos los españoles y la lealtad institucional, que han de inspirar la actuaciones de los poderes públicos; y por último, que es perjudicial para los intereses de la ciudadanía”.

En esta misma línea, el consejero ha recalcado que esta posición que mantiene el Gobierno de García-Page de un recurso de inconstitucionalidad “no va en contra de nadie”, sino que va “en defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha”. Una defensa, ha continuado, que es como bien ha manifestado el presidente autonómico, “independiente al color político del gobierno central”, porque “el interés regional está por encima de cualquier interés partidista” y esa es, en definitiva, la razón que “nos ha movido a presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional”, ha concluido.