En la misiva, ACUADA detalla un exhaustivo informe con argumentos técnicos, medioambientales y patrimoniales que advierten de los riesgos que estas instalaciones suponen para la sostenibilidad de la zona. La asociación denuncia que los proyectos conllevan un consumo masivo de agua, emisiones contaminantes, aumento del tráfico pesado y generación de residuos, lo que “multiplicaría los problemas medioambientales ya existentes en La Mancha”.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el colectivo es la afección directa al Acuífero 23, una reserva hídrica vital para la agricultura de la región, y cuyo equilibrio —según ACUADA— podría verse gravemente alterado. Asimismo, se advierte del posible impacto sobre formaciones geológicas únicas, como las dunas fósiles del LIG (Lugar de Interés Geológico) de Campo de Criptana, cuya conservación se vería comprometida.

ACUADA también subraya la falta de transparencia y participación ciudadana en los procedimientos administrativos relacionados con estos proyectos, así como el escaso conocimiento de las posibles consecuencias entre la población. La organización sostiene que estas plantas “responden a intereses económicos externos” y no al desarrollo sostenible del territorio.

La carta concluye con una petición directa a los representantes públicos: que se pronuncien de manera clara y pública en contra de estos proyectos “por responsabilidad con el presente y el futuro de nuestros pueblos”.