En la misma línea, Ruiz Molina remarcó que ésta es la décima iniciativa del Gobierno del presidente Emiliano García-Page que se eleva a las Cortes regionales en la presente legislatura y que, con su aprobación, entran en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto legislativo que regula un paquete de disposiciones que afectan al ámbito competencial de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional.

Una iniciativa, quiso profundizar, que persigue dos objetivos. El primero de ellos, reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; y, en segundo lugar, dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.

Medidas para reforzar las políticas sociales y dotar de mayor seguridad jurídica

El proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias aprobado contempla un paquete de actuaciones destinadas a reforzar, por un lado, las políticas sociales, como la modificación de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, la modificación de la Ley de Participación Social en la Educación de la región, de la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en Castilla-La Mancha. En el ámbito cultural, se modifica el título de la Ley de Mecenazgo Cultural, pasando a llamarse, Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo de Castilla-La Mancha.

Por el otro, las que van a permitir dotar de una mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos, en este ámbito, se modifica puntualmente la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha. Igualmente, se modifica la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y la Ley del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Del mismo modo, la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.