El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, así como para garantizar un registro de jornada fiable y el derecho a la desconexión digital.

La medida supone el primer paso legislativo para que la jornada legal máxima se sitúe en 37,5 horas semanales en cómputo anual, una reducción respecto a las actuales 40 horas que han estado vigentes durante más de cuatro décadas. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado esta decisión como un “paso decisivo para mejorar la vida de millones de personas trabajadoras en nuestro país” y ha destacado que la norma representa “un impulso nuevo a la agenda social”.

Según explicó Díaz, la reducción de jornada por ley pretende llegar “donde la negociación colectiva no alcanza”, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los cuidados, donde la jornada media supera con frecuencia las 39 horas semanales.

El Gobierno justifica esta reforma tanto por la evolución tecnológica y económica del país como por la necesidad de adaptar la legislación laboral a nuevas formas de organización del trabajo, muchas de las cuales han demostrado ser viables con jornadas más reducidas. Además, el anteproyecto subraya la importancia de mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, reduciendo el estrés, la fatiga y el riesgo de accidentes laborales.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo recuerda que las jornadas prolongadas fueron responsables, según datos de la Organización Mundial de la Salud, de 745.000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, un 29% más que en el año 2000.

Uno de los pilares de la norma será un registro de jornada fiable e interoperable, que garantice el cumplimiento del tiempo de trabajo legalmente establecido y permita erradicar las horas extraordinarias no declaradas.

Asimismo, el anteproyecto busca reforzar el derecho a la desconexión digital, con el fin de impedir que se exijan tareas fuera del horario laboral pactado, preservando así el derecho al descanso y a la intimidad personal de los trabajadores.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende avanzar hacia un modelo laboral más sostenible, justo y adaptado a los desafíos del presente.