Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que esta mañana ha mantenido un encuentro con el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda; el secretario general de UPA, Julián Morcillo; y el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, además del delegado de la Consejería en la provincia de Albacete, Ramón Sáez.

Para el consejero, “estas propuestas son clave para que la próxima Política Agraria Común (PAC) garantice el futuro del campo de Castilla-La Mancha”. Así, ha explicado, que se resumen en ocho puntos que ya se dieron a conocer al comisario europeo, al Ministerio y a las organizaciones profesionales agrarias.

Estas propuestas son un marco financiero de garantías; la creación de un fondo especial para facilitar el relevo generacional; fondos suficientes para garantizar el cultivo de la agricultura ecológica en la región; protección para la figura del agricultor activo con el fin de asegurar la rentabilidad de las explotaciones; defensa de los productores (cláusulas espejo etcétera); flexibilización de los mecanismos de apoyo al sector vitivinícola como la Intervención Sectorial del Vino y la Promoción del Vino en Terceros Países; impulsar el desarrollo y validación de metodologías de cuantificación de captura de carbono en la agricultura; y más formación e innovación para mejorar la transferencia de conocimiento y con ello un uso eficiente de los recursos y calidad de las producciones para  tener más sostenibilidad y competitividad.

Junto a estos temas, se han abordado dos cuestiones más de actualidad que se harán llegar al comisario. Por un lado, medidas de defensa ante los aranceles de Estados Unidos ante lo cual el Gobierno regional va a constituir el próximo 15 de mayo un Observatorio que analice su afectación y diseñe un plan regional de acción; y la posición de Castilla-La Mancha ante los nuevos términos comerciales en el etiquetado del vino por parte de la Comisión Europea para no estigmatizar una actividad económica que supone el cinco por ciento del PIB de la región.