Arenas ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad y confianza”, asegurando que el equipo de gobierno “no vive ajeno al movimiento vecinal” que ha surgido en torno a este asunto. “Aunque hasta la fecha no nos hayamos pronunciado, no significa que no nos importe, sino que hemos preferido ser cautos e informarnos antes”, ha subrayado la primera edil.

Durante su intervención, ha recordado que estas instalaciones cuentan con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y forman parte de los proyectos de descarbonización impulsados por el Gobierno de España en el marco de la Agenda 2030. En concreto, ha señalado que está prevista la implantación de un centenar de plantas similares en toda la región.

Arenas ha garantizado que se estudiarán todas las opciones “dentro de la legalidad” para tomar “la mejor decisión para todos los sectores”. En este sentido, ha anunciado que se mantendrán reuniones con organizaciones agrarias, el sector servicios y la Plataforma ciudadana contraria a las plantas, con el objetivo de “buscar la solución más adecuada para todos”.

La alcaldesa también ha criticado algunos comportamientos que se están dando en el entorno del debate. Ha pedido respeto para los miembros del equipo de gobierno, denunciando ataques personales e injurias en redes sociales, y ha advertido de que estos hechos podrían ser constitutivos de delito.

Asimismo, ha instado a la Plataforma 'STOP Plantas de Biometano y de Tratamiento de residuos médicos en Socuéllamos' a escuchar de forma “tranquila y respetuosa” las charlas informativas organizadas por las empresas promotoras, aludiendo al reciente boicot sufrido por la firma Azora. En esta línea, ha anunciado que el próximo 14 de mayo la empresa Athisa celebrará un encuentro abierto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para exponer su proyecto de planta de residuos sanitarios.

Por último, Conchi Arenas se ha referido a la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista para restringir la instalación de macrogranjas en el término municipal, advirtiendo que dicha medida “no se ajusta a la legalidad” y que deberá ser estudiada con detenimiento, al poder contravenir normativas superiores.