El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado por el Gobierno de España, que impone un sistema obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas y que incluye “financiación cero” para que la Comunidad Autónoma acoja a 500 menores más de los que atiende actualmente.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha subrayado que se trata de una medida avalada por un informe favorable del Consejo Consultivo, un organismo que ha considerado que la normativa se ha aprobado “de manera unilateral”, vulnera la lealtad entre administraciones e invade la competencia autonómica en materia de protección de menores.

“Este decreto aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno viene sin compensación económica, sin financiación. Pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores”, ha señalado la consejera, quien ha comenzado haciendo alusión al propio título del decreto: “Medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”.

Precisamente, el propio nombre apela a la garantía del interés superior del menor, ha apuntado la portavoz, algo en lo que ha dicho que “creemos firmemente, pero para garantizar ese interés, hacen falta medios y recursos adecuados”.

Para Padilla, “acoger no es solo abrir la puerta, es acoger con dignidad”, si bien esta normativa “impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad con la que ya lo estamos haciendo”.

Garantizar una atención digna

Padilla ha recalcado que el Ejecutivo de García-Page, comparte el principio de solidaridad, “que no entiende de fronteras y, mucho menos, cuando se trata de la infancia” y, con ello, se ha preguntado si “plantean que habilitemos un hangar”, algo que ha rechazado de manera contundente y ha incidido en que “nosotros no creemos en este modelo”. 

Tal y como ha continuado Padilla, atender a los 500 niños y niñas tiene un importe cuantificado en 26,6 millones de euros anuales solo para la Consejería de Bienestar Social, a lo que hay que sumar el gasto sanitario o el gasto en educación. Este coste incluye disponer de centros adecuados (con un máximo de entre 8 y 10 plazas por centro, según nuestra legislación) y dotarlos de profesionales, como trabajadores sociales, psicólogos y educadores, ha explicado. Si bien, ha señalado que el Gobierno central “no nos da ni un euro”.

“Es un problema de España, de la Unión Europea y con este decreto lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución. Nosotros no recurrimos para no atender, recurrimos para atender dignamente y la región cuenta con más de 1.000 niños tutelados y tenemos que atender a 500 más”, ha explicado Padilla, quien ha recordado que “nuestros centros están con una ocupación del 96,5 por ciento”.

Extralimitación de las funciones del Estado

Por otro lado, ha explicado que el informe favorable del Consejo Consultivo señala “un grave quebranto” del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades, al tiempo que apunta que no se ha tenido en cuenta a la Conferencia Sectorial, “ni se ha respetado su régimen de toma de decisiones”.

Asimismo, el documento también alude a “una vulneración del principio de lealtad institucional”, puesto que, según ha detallado la consejera, se invaden competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como la asistencia, protección y tutela de menores, reconocidas en el Estatuto de Autonomía.

“En definitiva, el Consejo Consultivo advierte que este decreto extralimita las funciones del Estado”, ha aclarado Padilla, quien además ha señalado que no es procedente utilizar un decreto-ley para una materia que afecta a derechos fundamentales, “que deben ser regulados mediante ley orgánica”. Incluso, la consejera ha apuntado que el carácter de urgencia que se invoca “no está justificado”, puesto que la llegada de menores migrantes “no es un fenómeno nuevo”, aunque es una situación que ha dicho que hay que atender.

Además, la portavoz ha advertido de que el decreto “no garantiza la igualdad en la atención”, sino que traslada una circunstancia que compete a Europa y a España a las comunidades autónomas, “sin proporcionar soluciones reales”.

Con todo, Padilla ha querido poner el foco en que el recurso está motivado, sobre todo, por la falta de financiación. “Nuestro modelo no se basa en grandes centros masificados ni en la deshumanización”, ha sentenciado la consejera. Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha ya atiende a más de 1.100 menores tutelados, 550 en familias y otros 560 en centros, muchos de ellos menores extranjeros.

“Si se imponen 500 menores más sin financiación, ¿a quién dejamos de atender?”, se ha preguntado Padilla, quien ha mostrado su preocupación debido a que este planteamiento pueda “dar alas” al discurso del odio.

Por tanto, “no recurrimos por falta de voluntad, sino por responsabilidad, porque hacerlo mal sería una falta de respeto hacia esos menores”, ha sentenciado la portavoz, tras insistir en que “si se pusiera encima de la mesa la financiación necesaria, otra sería la situación”.