Las investigaciones comenzaron hace unos días cuando se tuvo conocimiento que algunas personas habían adquirido munición para armas de fuego fuera de los establecimientos autorizados al efecto y sin los trámites y registros que la normativa establece, habiendo dado como resultado hasta el momento, la identificación de sus autores.

Estas personas se servían de autorizaciones administrativas que tenían concedidas para otras operaciones y de sus propias licencias de armas para hacer acopio de material y transacciones comerciales como si fuesen armerías, incumpliendo con ello la normativa vigente y rompiendo la trazabilidad y control, que de este material tan sensible, exige la legislación española, lo que podía dar lugar a un tráfico ilegal de cartuchería y/o adquisición por personas no autorizadas, circunstancia esta que se ha evitado gracias a la rápida actuación de los agentes.

En estas primeras actuaciones se han levantado varias actas por infracciones graves e intervenido más de 15.000 cartuchos y varias armas de fuego comercializadas de manera irregular, continuándose con las investigaciones para la identificación de todas las personas que hayan podido intervenir en estas operaciones, teniendo en cuenta que también pueden ser responsables de infracciones administrativas al haber realizado su adquisición con incumplimiento de los requisitos exigidos para ello.

La Intervención de Armas de la Guardia Civil recuerda que la normativa de Seguridad Ciudadana, en lo concerniente a armas y cartuchería, establece los requisitos mínimos y autorizaciones que se necesitan para su adquisición y tenencia, entre los que se encuentran que sólo se pueden adquirir en establecimientos debidamente autorizados y previa acreditación de las correspondientes licencias de armas y/o guías de pertenencia, garantizándose con ello la trazabilidad que este tipo de materia reglamentada requiere.

Por último, se recomienda que todas las operaciones comerciales, reparaciones o asesoramientos en materia de armas y cartuchería sean realizados por los profesionales o establecimientos debidamente autorizados, denunciando cualquier irregularidad de la que se tenga conocimiento.

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