España empieza a ser un macro espectáculo circense con 2 pistas centrales, Parlamento y Senado nacional, 17 salas auxiliares, Parlamentos autonómicos, 48 salas temáticas, Diputaciones Provinciales, aderezado todo ello con más de 8.000 plenos municipales. Las actrices y actores principales son chabacanos, amateurs, bisoños y su actuación resulta soporífera, indigesta, surrealista y anacrónica. Es nuestro carácter socarrón y sarcástico lo que mantiene una mórbida y endeble paz social que en realidad es un deposito de material inflamable que cada episodio colma un poco más, a la espera de que cualquier chispa accidental lo haga explosionar.

Yo, que desde hace años tengo la costumbre de oír radio, ahora veo en cualquier aparato receptor de ondas un arma de guerra que contiene la exacta mezcla de nitroglicerina y napalm a la espera de que presione el botón para destruir toda la península ibérica. Mi lucha interna se debate entre el deber de mantenerme informado, a sabiendas de que ello depauperará irremediablemente mi ánimo, mas por habito y, lo reconozco, un morbo peligrosamente cercano al masoquismo que por interés real y mi paz interior. Al final sucumbo a la tentación hasta que alguno de mis órganos, que parecen tener vida propia e independiente, me dicen ¡Ramoncete ya está bien! y cambio a emisoras de música o simplemente apago.

La imperante corrupción de nuestras distintas Administraciones públicas y clase dirigente, el análisis tan exhaustivo como superfluo que en la prensa y medios de comunicación de masas se hace, las falsas y delirantes justificaciones que el corifeo de turno, léase líder, arguye en las comparecencias públicas y el desparpajo con el que nos toman el pelo, se me antoja como un cáncer a punto de la metástasis, invadiéndome una desazón de la que no logro deshacerme. 

El individualizado debate de cada siniestro episodio de esta sátira nacional es una añagaza muy efectiva para que no seamos conscientes de la verdadera gravedad de esta mortal pandemia para la democracia. Hemos llegado a un punto de no retorno en el que es ineludible hacer un balance general y pormenorizado de todos los casos habidos en nuestra última etapa democrática y de la respuesta social dada, como punto de partida para adoptar soluciones efectivas.

 Esto no va, como pretenden hacernos creer la clase dirigente, de las ideologías al uso sino de democracia, como un sistema de organización social neutral a todas ellas que, a su misma vez y previo el cumplimiento de ciertos requisitos, las ampara y legitima. Quienes pretendan utilizar éstas a modo de agravante o atenuante en realidad buscan una involución hacia sofisticados sistemas autocráticos. Ninguna corriente de pensamiento es corrupta per se, lo son quienes accedieron a puestos de poder con el compromiso de implementar sus postulados y se olvidaron de ellos para saciar su codicia y sus particularísimos intereses. 

El obsceno y demencial debate sobre que partido político acumula más casos o cuales tienen mayor gravedad impide que caigamos en la cuenta sobre el hecho de que ninguno de ellos tiene una intención firme y real de adoptar medidas para erradicar la corrupción o, siquiera, mitigarla. Para los actuales estadistas, tan eruditos en formas de acceder y mantenerse en el poder como legos en cuestiones de fondo tales como las medidas que se necesitan para garantizar el estado del bienestar, la modernización de nuestras infraestructuras, la mejora de la educación, etc., la corrupción es un instrumento con el que neutralizar y desprestigiar al oponente, sea interno, el compañero de partido que quiere desbancarte del puesto de liderazgo, o externo, de otro partido. Constituye una baza que le asegura la debida mansedumbre y servilismo de sus adláteres, pues llegado el caso siempre existe la posibilidad de sacar a la luz pública sus conductas para que quede señalado de por vida.  

Desde nuestra modélica transición, que yo recuerde, han gobernado la extinta UCD, el PSOE y el PP, sin que ninguno de ellos haya hecho un intento por delimitar claramente el concepto de inmunidad parlamentaria, es decir, de que puedan ser juzgados sin necesidad de la autorización del Parlamento o el Senado, lo que directamente atenta contra la esencia democrática, que no es otra que la limitación de los poderes que puede ostentar una persona, en contraposición con las monarquías absolutistas del medievo, las teocracias o los regímenes dictatoriales. España necesita a gritos sentar en el banquillo de los acusados algún que otro presidente o expresidente del gobierno y autonómico, sin que sea de recibo que se atrincheren en unas prebendas concebidas para evitar interferencias en la división de poderes, que me da la risa floja al escribirlo, pues el parlamento escoge al Presidente del Gobierno, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados del Tribunal Constitucional. Cierto que en Andalucía hubo algunos condenados, si bien les faltó tiempo para indultarlos.

Dicho de otra forma, cuando depositamos la papeleta en la urna para escoger parlamentarios europeos, nacionales, autonómicos o concejales, le estamos dando un cheque en blanco a una persona en base a un programa electoral que no es otra cosa que un contrato, sin que su incumplimiento tenga consecuencias legales y sin posibilidad de cesarlo, obligados a esperar que de mutuo propio dimita o termine su mandato. Cualquier trabajador, pequeño o mediano empresario, autónomo o ciudadano de a pie que se atreva a hacerlo puede darse por acabado, al menos en su rol profesional. ¿Qué parecido tiene esto con la igualdad de todas las personas ante la ley?

Seguir creyendo que alguno de los postulantes a la espera de tomar el relevo cumplirá con su deber es tan utópico como infantiloide, pues se trata de destruir la laberíntica estructura de mercadeo de sinecuras, favores y privilegios que sustenta y financia su modus vivendi, sin olvidar que la inmensa mayoría de ellos no ha conocido otro modo de obtener recursos. Ni siquiera en el caso de que estén aquejados de esa especie de enajenación mental que provoca el alcohol y las sustancias estupefacientes a las que son tan aficionados lo harán, pues saben nadar y guardar la ropa como nadie, teniendo al lado constantemente gente que les impedirá cometer tal suicidio. Existen casos documentados de gente honrada que lo ha intentado, siendo automáticamente expulsados por este siniestro “aparato”.

Por eso toca honrar a las pasadas generaciones que, mejor o peor, nos legaron una democracia dotada de procedimientos para perfeccionarla y asumir la responsabilidad social que excede en mucho a depositar el boto en la urna. Debemos articular mecanismos de presión al poder, poniendo especial cuidado en que ningún partido político o dirigente se apodere de ellos, exigir explicaciones como el padre lo hace al hijo, el empleador al empleado, el cliente al vendedor de un bien defectuoso, etc. 

Solo si somos capaces de entender que previo al debate ideológico esta el sistema que lo posibilita y garantiza, que la destrucción de la democracia solo puede ocasionar la repetición de los episodios más luctuosos de nuestra historia contemporánea, seremos conscientes de la verdadera transcendencia de lo que está en juego, estaremos motivados para adoptar medidas de cambio reales y efectivas, comprenderemos que no es posible delegar esta tarea en los que “sacan el beneficio del rio revuelto” y cumpliremos con nuestro deber intergeneracional.

Ramón Moreno Carrasco es doctor en Derecho Tributario