En concreto, la Junta de Comunidades firmó dos contratos con Biovic: uno el 7 de febrero de 2024 por valor de 15.000 euros y otro el 4 de septiembre del mismo año por 14.990 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta fórmula permitió a la Administración sortear los procedimientos de concurrencia competitiva y otorgar ambos encargos de forma directa.

Para Ecologistas en Acción, el caso es “escandaloso”. Asegura que el Estudio Ambiental Estratégico del plan —documento clave para evaluar el impacto en el medio ambiente— ha sido elaborado por una empresa que “desarrolla y opera plantas de biogás, es decir, que se evalúa a sí misma”. La ONG advierte que las líneas de actuación definidas en el plan coinciden con los intereses empresariales de Biovic, lo que pone en duda la imparcialidad del documento.

Biovic Consulting, con sede en Valencia, está presidida por Luis Puchades, quien a su vez dirige la Asociación Española de Biogás (AEBIG), principal lobby del sector. Esta asociación patrocinó el evento ‘Renmad Biometano 2025’ celebrado en Toledo, con la participación de altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos la consejera de Desarrollo Sostenible y el director general de Calidad Ambiental.

La organización ecologista también critica que uno de los informes que fundamenta el plan regional fue elaborado por SEDIGAS con la colaboración de Biovic, lo que implica, en la práctica, que la empresa “se cita a sí misma” como fuente de referencia.

Además, señala que el plan ofrece una visión "sesgada", minimizando las posibles afecciones a la salud o al bienestar de las personas. De hecho, Biovic ha participado en plantas de biogás que han generado controversias por malos olores en municipios como Vall d’Uixò (Castellón) y Llutxent (Valencia), donde incluso el ayuntamiento se ha unido a las protestas vecinales.

Ecologistas en Acción recuerda que, aunque la adjudicación directa está contemplada legalmente en ciertos casos, “es fundamental que los procesos de contratación se realicen de forma justa y transparente, evitando cualquier conflicto de intereses que comprometa la objetividad y el beneficio público”. En su opinión, lo ocurrido en Castilla-La Mancha “pervierte el espíritu de la ley” y deja en evidencia una preocupante falta de garantías en la planificación ambiental del biometano en la región.