El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la convocatoria “urgente”, incluso en los próximos días, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que las comunidades autónomas de régimen común “podamos opinar y recibamos una explicación de lo que contiene el documento de la reunión” y ha exigido un modelo de financiación que garantice el principio de igualdad, en el que la ciudadanía tenga acceso a los servicios públicos con el “mismo nivel de calidad”, independientemente de su capacidad económica, y de la del territorio en que resida.

Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, en la que ha informado de la postura del Ejecutivo autonómico en relación con la reunión bilateral que este lunes han mantenido el Gobierno central y la Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña.

Manteniendo esta línea, el consejero ha manifestado el “rechazo” del Gobierno de Castilla-La Mancha a este acuerdo bilateral, ya que es un acuerdo que defiende que “quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos” y que, en España con este modelo, habría dos velocidades, “la de las comunidades autónomas más ricas y de las menos ricas”.

Se trata, según ha relatado de “un despropósito, un acuerdo injusto y egoísta” que sólo supone privilegios para Cataluña en detrimento del Estado español y del resto de las comunidades autónomas, y que supone “trocear la riqueza del país”, que, en lugar de estar al servicio del interés general, va a estar al servicio de unos pocos. Fruto de una reunión que ha querido dar un carácter institucional, a lo que hasta ahora era simplemente un acuerdo entre partidos políticos.

Un documento “ambiguo”

En este mismo contexto, Ruiz Molina ha entrado a valorar el documento resultante de la reunión, y del que, ha indicado, “hemos tenido conocimiento, como siempre, a través de los medios de comunicación”. El cual ha calificado también como “trampantojo”, ya que, “nos intentan engañar haciendo ver lo que no es”, un documento que según ha indicado es “ambiguo”, que pone de manifiesto que “el modelo de financiación para Cataluña no deja de ser un concierto catalán”, muy similar al del País Vasco y Navarra, pero con algunos matices.

Así, Cataluña recaudaría todos los impuestos, independientemente de que se haga “de forma troceada o de una sola vez”; y como se recoge el documento, esta comunidad pagaría al Estado una parte en función de las competencias que éste ejerce en Cataluña; y como novedad, con respecto al cupo vasco y navarro, la comunidad catalana aportaría al sistema lo que se denomina una mal llamada “cuota de solidaridad”, limitada en el tiempo, y sujeta al “principio de ordinalidad”.

Un modelo extrapolable al resto de comunidades autónomas

Y otra de las novedades que se extrae del texto, es que, al hablar de financiación singular para Cataluña, se dice que es “extrapolable al resto de comunidades autónomas”. Es decir, y así lo ha puesto de manifiesto el consejero, que en una reunión bilateral en la que solo participa una región, se está definiendo el sistema de financiación del resto de regiones de régimen común, “sin que ninguna haya participado”.

En este sentido, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha remarcado que, “si el modelo que se puso ayer de manifiesto es tan bueno, hubiera sido más práctico y leal que hubiéramos podido participar todas las comunidades autónomas”; y ha apuntado, “no me gustan los platos precocinados, a mí me gusta estar en los fogones”.

El consejero ha añadido, que, si todas “nos acogiésemos a este sistema, que lo veo inviable, significaría que se eliminaría el papel constitucional que el Estado tiene sobre la redistribución de la renta y la cohesión territorial”, ambas competencias básicas del Gobierno central.

Es decir, ha continuado, “convertiríamos al Estado en una comunidad autónoma más, que nos pediría más recursos para financiar los gastos comunes, como defensa, seguridad o política exterior”. En definitiva, “asumir por parte de todas las comunidades el modelo que figura en el documento, supondría la desaparición del concepto de Estado, tal y como está definido actualmente”.

Principio de ordinalidad rompe con el principio de igualdad de oportunidades

Ruiz Molina ha basado su argumento, en este sentido, en la cuota de solidaridad y en el principio de ordinalidad. En lo que respecta al primero, ha dicho que del documento se desprende que será Cataluña, u otras comunidades con saldo positivo, quien decida “el cuánto, por cuánto tiempo y en qué condiciones estarían dispuestas a dirigir recursos al resto” de regiones.

Respeto a ese principio de ordinalidad, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que viene de la palabra “orden”, precisando que significa que si una comunidad autónoma se sitúa en el primer lugar o en el segundo del ránking nacional, en lo que se refiere a la recaudación tributaria del conjunto de sus residentes, como ocurre en Cataluña o en Madrid, en ese “mismo orden tiene que ser respetado el volumen de recursos que perciban a través del sistema de financiación”.

De este modo, este principio consagra que “aquellas comunidades que acumulan un mayor número de residentes con rentas altas o mayor recaudación tributaria ‘per cápita’ tienen derecho a más financiación” y, por tanto, “si tienen derecho a más financiación estamos defendiendo que sus ciudadanos tienen derecho a unos mejores servicios públicos”.

Si esto se trasladara al IRPF que pagamos daría como resultado que se está defendiendo que “quién más IRPF paga, porque manifiesta una mayor capacidad económica, tiene derecho a ser mejor tratado en la sanidad o la educación públicas” que los que menos pagan, ha indicado a los medios.

Así, ha asegurado que con el principio de ordinalidad “se rompe el principio de igualdad de oportunidades, porque éstas dependerán no de la situación del ciudadano, sino del lugar donde viva”; y ha lamentado que se haya plasmado en un documento donde parece que “lo resuelven de un plumazo”. Así, ha resumido que “para hablar del principio de ordinalidad me hubiera gustado que se hubiera hecho en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.