El sindicato recuerda que hoy se han reducido 16 medios de extinción y 7 de vigilancia, lo que supone un recorte del 21% de la operatividad, y que el próximo 19 de septiembre se desactivarán 63 medios de extinción y 15 de vigilancia adicionales, dejando solo la mitad del dispositivo activo. “En caso de declararse una emergencia, el tiempo de respuesta será superior. Es algo que no nos podemos permitir”, advirtió Ana Nares, delegada de CSIF en Geacam.

A la reducción de efectivos se suma la disminución de la campaña de extinción a 96 días frente a los 122 de la anterior legislatura, la falta de cobertura de todas las plazas, torres de vigilancia cerradas y equipos incompletos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores. Según el sindicato, cada año se contrata personal temporal sin experiencia, lo que provoca una “excesiva rotación” y la pérdida de profesionales cualificados.

“Con los efectivos actuales solo podemos atender el 1% de la masa forestal de la región en prevención, apenas 10.000 hectáreas de un millón”, denunció Nares, quien también recordó que obtener una plaza fija discontinua de cuatro meses puede tardar hasta siete años.

CSIF insiste en que la precariedad laboral es uno de los grandes males de la empresa: de los 2.205 trabajadores en plantilla, solo 1.500 trabajan todo el año, mientras que el resto apenas lo hace durante la campaña de verano. Además, los bomberos forestales perciben 1.200 euros netos al mes, con disponibilidad absoluta durante 24 horas por solo 0,37 euros la hora.

“Lo que hoy denunciamos no es un ataque, sino una llamada urgente a la responsabilidad. No podemos depender de la suerte en materia de incendios forestales, es preciso invertir para prevenir”, subrayó Miguel Ángel Pavón, delegado sindical de CSIF.

El sindicato recuerda que el pasado 2 de septiembre los bomberos forestales ya se manifestaron frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible para exigir mejoras laborales y más medios. Ahora reclaman campañas de al menos 122 días, contratos de 12 meses para todo el personal, la creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales con presupuesto propio, complementos salariales acordes al riesgo y la aplicación de la Ley de Bombero Forestal para la jubilación anticipada.

CSIF advierte de que el 35% de la plantilla tiene más de 50 años y que, si no se actúa con urgencia, la falta de relevo generacional y las condiciones precarias agravarán aún más la vulnerabilidad del dispositivo.