En los últimos tiempos, el mundo
político y mediático está a la búsqueda de culpables del desbarajuste
presupuestario en España. Es prioritario en este momento señalar a los
responsables de la deuda y los déficits públicos españoles. Algunos echan la
culpa a cuestiones demográficas derivadas de los boomers y las pensiones, otros
a las grandes fortunas y su falta de implicación tributaria, otros a las
empresas que no tributan lo suficiente en función de sus beneficios, etc. Pero
muy pocos son aquellos que enfocan el problema desde la perspectiva de la
sostenibilidad del actual Estado de Bienestar tal y como lo concebimos. Si
tenemos una deuda pública y un déficit de difícil control es porque el Estado
está asumiendo funciones de redistribución probablemente por encima de las
posibilidades reales de financiación a largo plazo. Hay una espiral perversa
que puede condicionar el futuro crecimiento
y, por ende, las políticas sociales.
Por un lado, el aumento de los impuestos y gravámenes de toda índole,
normalmente conduce a un incremento todavía mayor del gasto público, bajo la
consideración de que el Estado de bienestar es consustancial al sistema
político y democrático que nos hemos dado y bajo la miopía ciudadana de que los
servicios públicos son gratuitos. Los economistas decimos que cuando el precio
de un servicio tiende a cero, la demanda tiende a infinito y cubrir demandas
infinitas es una utopía incluso para el más cerril.
A pesar de las repetidas
advertencias de la AIREF y de numerosas instituciones tanto nacionales como
internacionales y las agencias de rating, el Estado con sus diferentes
administraciones se ha vuelto incontrolable en sus políticas públicas, bien por
inercias presupuestarias, bien por decisiones discrecionales que comprometen el
gasto público a largo plazo. Podemos hacer un juego de trileros y pasar la
deuda pública de un cubilete a otro, de una administración a otra, pero el
garbanzo, o sea, la deuda estará ahí y seguirá creciendo de forma incontrolada
porque nos hacemos trampas en el solitario.
Y lo grave es que la no asunción de políticas de austeridad, tan denostadas por los políticos de turno para su perpetuación en el poder (quien le pone el cascabel al gato), conllevan un agravamiento de los problemas de equilibrio fiscal a largo plazo. En realidad, el Estado sin controles efectivos es un gran “agujero negro” que absorbe y se beneficia del dinero de los ciudadanos, a través de sus impuestos, para distribuirlo de forma prodiga e insensata, en muchos casos, en forma de subsidios, ayudas y gastos innecesarios. Y todo ello sin arriesgar gran cosa ya que detrás de este planteamiento se encuentra cómoda la mayor parte del espectro político y de una miriada de funcionarios que directa o indirectamente dilapidan, por acción u omisión, los caudales públicos. Algún tipo de responsabilidad, más allá de la estrictamente política, deberían asumir los gestores públicos que difícilmente son condenados por malversación genérica de fondos públicos ni por fraude social favorecido por el exceso de prodigalidad en la gestión de los gastos sociales. En el mejor de los casos, la aparición de un “salvador visionario” y valiente, es decir un estadista y no un político gallináceo, capaz incluso de hacerse el hará-kiri político, podría decir hasta aquí hemos llegado y poner orden en las finanzas públicas como garantía de futuro, porque la alternativa será, sin duda, la desaparición del Estado de Bienestar tal y como lo conocemos y los principales sufridores serán aquellos a los que se pretendía proteger. Hay que predicar la austeridad tan denostada por algunas fuerzas políticas y redimensionar los objetivos y parámetros de lo que conocemos como Estado de Bienestar, si queremos que algo parecido a este pueda subsistir en el tiempo. No se trata de todo o nada, de cero o infinito, se trata de ser racional en la prestación considerando las nuevas necesidades de gasto surgidas, por ejemplo, en las relaciones geoestratégicas mundiales y las enormes restricciones financieras a las que se enfrentan los países occidentales. Francia es un ejemplo de lo que muchos tememos. O los ajustes propuestos por Bayrou o el caos financiero que hará que este país central en la estabilidad europea se deslice por una rampa de consecuencias sociales inimaginables en estos momentos para ellos y para toda Europa. Sin olvidar que Merz en Alemania ha propuesta la creación de una Comisión para proceder a un recorte de hasta 40.000m€ en el gasto público alemán porque el presupuesto federal no da para más y hablamos de un país rico. Entre el Canciller y sus socios del SPD persisten diferencias sobre recortes sociales, nuevas deudas y la forma de sostener las promesas de gasto en defensa e infraestructura, algo similar a lo que debemos enfrentar en España en los próximos meses y con unos Presupuestos Generales del Estado realistas.
Juan José Rubio Guerrero
Catedrático
de Hacienda Pública de la UCLM.
Academia
de Ciencias Sociales y Humanidades de C-LM.
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