El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, subrayó que los datos son positivos en comparación interanual, pero insistió en que la prioridad debe ser “centrarse en la calidad del empleo”. Del Puerto explicó que el aumento del paro en octubre responde, principalmente, a la finalización de la campaña de la vendimia, un fenómeno estacional, y recordó que el sindicato mantiene su compromiso de “seguir creando empleo, mejorar las condiciones laborales y eliminar las brechas de acceso al trabajo”.

El dirigente sindical también expresó su apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores del metal en Ciudad Real, reivindicando “no aceptar derechos a la baja” en la negociación colectiva.

Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ofrecido una visión más crítica del mercado laboral regional. El sindicato lamenta la pérdida de 3.511 empleos en el sector sanitario y de los servicios sociales solo en octubre, en plena campaña de vacunación de la gripe y con las tasas más altas del país de infecciones respiratorias agudas.

Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, Castilla-La Mancha encabezó la incidencia nacional con 651,9 casos por cada 100.000 habitantes en la segunda semana de octubre, y una tasa de 518,5 a finales de mes, la tercera más alta del país. También lideró las cifras de hospitalización por infecciones respiratorias, con 20 ingresos por cada 100.000 habitantes a mediados de mes.

Pese a esta situación epidemiológica, no se ha reforzado la plantilla del Sescam, y entre septiembre y octubre se destruyeron 4.440 empleos en sanidad y servicios sociales. “El resultado es la saturación de la Atención Primaria y los hospitales, con profesionales sobrecargados y pérdida de calidad asistencial”, advirtió CSIF, que reclama una planificación adecuada de recursos y cobertura de bajas y sustituciones.

La organización sindical también ha criticado la congelación de la carrera profesional desde 2012 y ha reiterado su petición de que el Gobierno regional redirija los fondos que destina a subvenciones sindicales —más de 51 millones de euros desde 2014, según CSIF— a reforzar los servicios públicos y reducir las desigualdades laborales en la región.