El Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha con el que se pretende contribuir, con nuevos incentivos fiscales, a que el acceso a la vivienda de los jóvenes sea “más asequible”; reforzar la eficiencia y eficacia de la Administración reduciendo la carga burocrática; y facilitar que el Ejecutivo autonómico siga cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. Un proyecto de ley que una vez aprobado se remitirá a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria.

En cuanto a su contenido, Ruiz Molina ha explicado que esta iniciativa legislativa (lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2026) se articula en torno a tres grandes áreas: la primera, está constituida por el paquete de medidas tributarias; en segundo lugar, las medidas de simplificación y agilización administrativa; y, por último, una serie de medidas en relación con la política de recursos humanos en el SESCAM.

Medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desgranado el primero de los bloques de medidas tributarias vinculadas a “favorecer la adquisición de la vivienda por parte de los jóvenes”, y que fueron anunciadas por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región.

Entre ellas ha destacado, la reducción en un 40 por ciento del tipo impositivo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del cinco al tres por ciento, en la adquisición de la primera vivienda habitual por contribuyentes menores de 36 años. Asimismo, se reduce a la mitad en Actos Jurídicos Documentados, para este mismo colectivo y en las mismas condiciones.

En el ámbito del IRPF, el consejero ha explicado que se aprueba una nueva deducción del 15% de las aportaciones realizadas a cuentas de entidades bancarias, lo que antes se denominaba “cuentas vivienda”, siempre que el importe depositado se destine a la adquisición de vivienda, con un límite máximo de deducción de 3.000 euros, lo que supone una aportación máxima de 20.000 euros. Además, se incrementa en un 11% el límite máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que pasa de 450 a 500 euros, ampliando su aplicación no solo a menores de 36 años, sino también a familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

En este sentido, el consejero ha señalado que, para favorecer la aplicación de estas deducciones, se eleva en un tercio el límite sobre el valor de la vivienda, que pasa de 180.000 a 240.000 euros. Estas medidas fiscales se complementan con modificaciones en materia de vivienda para facilitar la concesión por parte de la Junta de “préstamos a tipo cero” destinados a cubrir la parte no financiada por las entidades bancarias en la compra de la primera vivienda habitual por jóvenes.

En definitiva, los objetivos de este conjunto de medidas en relación con los jóvenes y los problemas de acceso a la vivienda, según ha trasladado, son reducir las cargas iniciales de la compra de vivienda, por eso “se reducen los impuestos inherentes a la adquisición”; financiar a coste cero la parte no cubierta por los bancos; y fomentar el ahorro previo, y que los jóvenes dispongan de los importes precisos para afrontar los gastos asociados a la adquisición.

Otras medidas tributarias y sociales

Durante su intervención, Ruiz Molina también ha explicado otra serie de medidas tributarias que el proyecto de ley incorpora. Entre ellas, una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 30% por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente, atendiendo a la demanda de entidades como la ONCE.

En materia de tasas, se establece la exención del pago de la tasa por inspección técnica para los vehículos adscritos a licencias de autotaxi, con el objetivo de “fortalecer el sector para que puedan responder con eficacia, calidad y competitividad a los nuevos retos que se enfrentan”; y se suprimen las tasas del Programa Acredita, para evitar que la obtención de acreditaciones o certificados profesionales suponga un coste económico añadido para el acceso o la promoción en el mercado laboral.

En relación con el canon del agua, el consejero ha explicado que se introducen nuevas bonificaciones para el uso doméstico, entre ellas una bonificación del 100% para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; y del 50% para personas en situación de riesgo de exclusión social. Además, se agiliza el trámite para acceder a la bonificación de la cuota para familias numerosas, que será efectiva desde el recibo siguiente a su solicitud. Asimismo, se incluyen en la reducciones de cuota para los contadores colectivos de centros con plazas de residencias educativas o sociosanitarias, y se aprueba una exención temporal para los ayuntamientos hasta marzo de 2028 para el pago del canon, por las pérdidas de agua derivadas de fugas en sus redes municipales.

El conjunto de estos beneficios fiscales que tendrá un coste estimado de ocho millones de euros y beneficiará a más de 13.000 contribuyentes. Las nuevas deducciones y desgravaciones, las que afectan al IRPF entrarán en vigor con efectos retroactivos de 1 de enero de 2025, pudiéndose incluir en la declaración de la renta que se haga este año, mientras que el resto de las medidas fiscales lo harán tras la publicación de la ley en el DOCM.

En esta línea, Ruiz Molina ha señalado que estas nuevas desgravaciones se “suman a las ya aprobadas por el Gobierno regional en los últimos años, enfocadas a atender a las familias, a los jóvenes y a los sectores de personas más desfavorecidas”; además de fomentar la actividad empresarial y contribuir a la lucha contra la despoblación. Unas medidas, ha añadido, que no sólo han permitido cumplir el compromiso del presidente García-Page con los agentes sociales de mantener congelada la presión fiscal, sino que ha ido más allá y ha “reducido el esfuerzo fiscal”.

Simplificación administrativa y mejora de la gestión pública

En cuanto al segundo bloque de la norma al que se ha referido el titular de Hacienda, introduce medidas de simplificación y agilización administrativa de acuerdo con la Ley, que modifican diferentes leyes autonómicas, con el objeto, por ejemplo, de “sustituir autorizaciones por declaraciones responsables, eliminando trámites innecesarios y ampliando los supuestos de silencio positivo”. Estas modificaciones afectan a la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística; la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos; la Ley 14/2002 de Ordenación y Fomento de la Artesanía; la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera; y la Ley 14/2010 de Servicios Sociales.

Y en materia de recursos humanos, el proyecto incorpora medidas que afectan al Sescam, como la reducción de plazos en los procesos selectivos; la regulación de los requisitos de acceso a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas y la provisión de Jefaturas de carácter asistencial. Además, entre otras disposiciones, el consejero ha destacado también la creación del Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, financiado con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística, y cuyo importe se concretará en las leyes anuales de presupuestos.