Si analizamos el gasto sanitario en porcentaje sobre PIB, según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad, las comunidades con mayor peso sanitario en proporción al PIB regional son Extremadura con un 9,1% y Murcia y Canarias con un 8,4%. Por otro lado, las comunidades con menos peso del gasto sanitario en proporción al PIB regional son Madrid (4,2%) y Cataluña (5,7%). El gasto sanitario público de Castilla-La Mancha en relación con su PIB regional se sitúa en torno al 6,9 % del PIB, con un gasto por habitante de unos 1.800€, frente a los 1770€ de media nacional.

Estas cifras señalan que existe una gran variación entre comunidades tanto en gasto per cápita como en proporción al PIB. Las regiones con más envejecimiento o menor densidad tienden a gastar más por habitante. Las Comunidades más pobladas concentran la mayor parte del gasto total, aunque no siempre con el mayor gasto por persona.

Por su parte, los tiempos de espera largos para consultas con especialistas y procedimientos no urgentes (meses en muchas regiones) genera una percepción ciudadana de recursos insuficientes. En algunas comunidades, las listas de espera para cirugía y consultas han alcanzado niveles récord, con desigualdades marcadas entre territorios. Aunque el SNS es universal, una parte de los ciudadanos recurre crecientemente a la cobertura privada por tiempos de espera excesivos o servicios no cubiertos plenamente (p. ej., dental), lo que incrementa el gasto sanitario de las familias. El corolario a esta dinámica es que, a mayor presión sobre el sistema público, más hogares optan por seguros médicos privados, lo que puede aumentar desigualdades en el acceso a un servicio básico como la sanidad, sobre todo, en comunidades donde la oferta de sanidad privada está limitada.

De cara al futuro, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas (que suponen la mayor parte del gasto sanitario) presionan el sistema tanto en coste como en organización asistencial. Lo que exige una mayor dotación de servicios públicos, especialmente en prevención y gestión de cronicidad, si no se quiere que los costes sigan creciendo desproporcionadamente. Por su parte, hay escasez de algunos profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria y en zonas rurales, y problemas con la temporalidad del empleo. Esto afecta tanto a la eficiencia del sistema como a la calidad de la atención.

Resolver estos desafíos requiere mejorar la gestión y la planificación de recursos humanos, además de invertir más en formación y retención de personal a través de unos salarios y unas condiciones de trabajo dignos y acordes a la exigente formación especializada que se les demanda a los profesionales sanitarios. Se trata, en concreto, de evitar una diáspora de profesionales que, tras una inversión en formación costosa socialmente y financiada por los españoles, ejercen su trabajo en otros países beneficiarios de su excelente formación.

Juan José Rubio Guerrero

Catedrático de Hacienda Pública. UCLM

Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de C-LM