En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), la Fundación Kirira, junto a la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina y otras violencias machistas, alza la voz para denunciar que la MGF continúa siendo una grave vulneración de los derechos humanos y una forma extrema de violencia de género que exige respuestas políticas firmes, coordinadas y sostenidas, tanto a nivel internacional como en el contexto español.

La mutilación genital femenina afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo, y a más de 80.000 en España, con consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, sociales, familiares y económicas que se extienden a lo largo de toda la vida. A pesar de los avances normativos, la protección efectiva de las supervivientes sigue siendo insuficiente.

Desde su trabajo en Kenia, la Fundación Kirira subraya que la erradicación de la MGF solo es posible cuando se invierte en prevención comunitaria, liderazgo de mujeres y niñas, educación, alternativas económicas y transformación social sostenida.

Las experiencias en terreno demuestran que los programas de cooperación deben:

• Estar liderados por organizaciones locales y mujeres supervivientes.

• Apostar por la educación comunitaria y el trabajo con familias, líderes y jóvenes.

• Garantizar recursos estables y a largo plazo, evitando enfoques asistencialistas o punitivos.

• Reconocer la MGF como una violencia estructural vinculada a desigualdades de género y económicas. 

La cooperación internacional no puede desvincularse de la responsabilidad de los Estados del Norte Global en la protección de las mujeres y niñas migrantes que viven esta violencia antes, durante y después de los procesos migratorios.

España: vacíos legales y desigualdades en la protección

En España, la MGF está tipificada como delito de lesiones en el Código Penal desde la reforma de la Ley Orgánica 11/2003, y el Estado ha ratificado instrumentos internacionales como el Convenio de Estambul. Sin embargo, el marco actual —incluida la Ley 10/2022— no garantiza una protección integral para todas las supervivientes, especialmente para aquellas mujeres y niñas migrantes que sufrieron la MGF en sus países de origen y llegan a España en busca de protección.

Persisten importantes desigualdades territoriales, carencias en la atención sanitaria y social, falta de datos sistematizados y ausencia de mecanismos reales de coordinación interinstitucional.

Reivindicaciones de la Red Estatal Libres de MGF

Ante esta realidad, la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina reclama:

1. Protección integral sin discriminación administrativa

Garantizar la prevención, atención, acompañamiento y recuperación de todas las mujeres y niñas supervivientes de MGF, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa, desde un enfoque feminista, interseccional y antirracista.

2. Sistemas de registro y producción de datos con enfoque de derechos

Crear un registro estatal y autonómico coordinado entre sanidad, servicios sociales y tercer sector, basado en revisiones pediátricas, ginecológicas y en recursos de acogida, que permita el seguimiento de los casos sin estigmatizar ni criminalizar a las comunidades afectadas.

3. Atención integral, coordinada y multidisciplinar en todo el territorio

Desarrollar una cartera de servicios específica en el marco de la Ley 10/2022 que aborde la MGF a lo largo de todo el ciclo vital, con planes de actuación claros, unidades de referencia por comunidades autónomas y formación continua para profesionales.

4. Incorporación estructural de la mediación intercultural

Integrar a mediadoras interculturales en todas las fases de intervención, reconociendo su papel clave en el acceso efectivo a derechos, la calidad de la atención y el acompañamiento respetuoso a las supervivientes.

Propuestas clave para el Protocolo Sanitario Estatal de MGF

La Red y la Fundación Kirira reclaman, además:

• La implementación efectiva y evaluación periódica del Protocolo Sanitario Estatal de MGF.

• Una atención sanitaria integral y comunitaria, con participación activa de asociaciones especializadas y entidades lideradas por mujeres supervivientes y mujeres afroespañolas.

• Una estrategia estatal de formación continua para profesionales sanitarios con enfoque de género, interseccionalidad y antirracismo.

• La creación de un órgano consultivo permanente dentro del Protocolo estatal y autonómico, con participación real del tercer sector especializado y de las propias supervivientes como sujetas políticas y expertas.

Un compromiso político inaplazable

La erradicación de la mutilación genital femenina no puede depender únicamente de la voluntad de las comunidades afectadas ni de acciones simbólicas. Requiere voluntad política, recursos suficientes, cooperación internacional coherente y políticas públicas que sitúen la vida, la dignidad y los derechos de mujeres y niñas en el centro.

En este 6 de febrero, la Fundación Kirira y la Red Estatal Libres de MGF recuerdan que la tolerancia cero debe traducirse en derechos garantizados, protección real y justicia social, aquí y en los territorios donde la MGF sigue amenazando la vida de millones de niñas.