La actuación se inició tras una inspección rutinaria realizada en octubre de 2025, en la que los agentes del SEPRONA detectaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de vehículos al final de su vida útil. Dada la magnitud de los hallazgos y el elevado número de automóviles acumulados, se llevó a cabo una segunda inspección conjunta con técnicos del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, confirmándose las deficiencias detectadas.

Irregularidades en la gestión de vehículos

Las investigaciones posteriores revelaron que la trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de los vehículos cuando, en realidad, estos se acumulaban sin procesar en una zona de las instalaciones sin autorización administrativa, denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA). Esta práctica provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, con el consiguiente vertido de residuos peligrosos directamente sobre el terreno.

Asimismo, se constató que los gases fluorados de los aires acondicionados no se extraían ni reciclaban adecuadamente, liberándose en algunos casos a la atmósfera. Estas emisiones dañan la capa de ozono y potencian el calentamiento global, por lo que la normativa vigente establece protocolos estrictos para su recuperación y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos por su alto potencial de efecto invernadero.

Informe pericial en curso

Además del impacto ambiental, esta actividad podría generar competencia desleal frente a otros gestores de residuos y desguaces que sí cumplen la normativa. Para concretar el alcance de los hechos, la Unidad Técnica de la Jefatura del SEPRONA elabora un informe pericial que estimará cantidades y efectos ambientales, incluyendo las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales ya han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, mientras continúa la investigación para depurar responsabilidades.