Hoy no celebramos una efeméride, sino que probablemente examinamos una deuda. Una deuda que no aparece en los balances, pero sí en los ascensores sociales averiados, en los formularios que expulsan y en las familias que viven al límite de una noticia más, de un precio más, de una incertidumbre más. Este viernes, 20 de febrero, Día de la Justicia Social, conviene decirlo claro: la justicia social no es un eslogan de temporada. Es la manera en que una democracia la ejecuta y demuestra que nadie queda fuera.

Y quizá por eso este día es hoy más necesario que nunca. Porque estamos inmersos en una ola de insensibilidad generalizada: tensiones internacionales, una economía que cambia a gran velocidad, rechazo al o a lo extranjero, una digitalización que puede abrir puertas… o levantarlas como barreras. En épocas así, hay dos tentaciones peligrosas: la primera, resignarnos; la segunda, convertir el debate social en un pulso de consignas. Frente a ambas, la justicia social ofrece un criterio simple y exigente: medirnos por cómo tratamos a quien más lo necesita y por la rapidez con la que lo hacemos.

Ahora bien, ¿qué es la justicia social? Es fácil confundirse; no es caridad, no es compasión institucional, no es ayudar cuando se puede. Justicia social es que los derechos sean ejecutables: que tengan presupuesto, calendario, ventanilla comprensible y respuesta a tiempo.

Por eso, cuando hablamos de bienestar social, hablamos de infraestructura democrática. De la misma forma que nadie discute que una carretera conecta territorios, los cuidados conectan vidas: dependencia, ayuda a domicilio, teleasistencia, inclusión, atención temprana, protección a la infancia, apoyo a la discapacidad… Porque cuando los cuidados fallan, la igualdad se convierte en teoría.

En Castilla-La Mancha lo tenemos claro: el bienestar no es un gasto blando, es una logística de derechos. Y se demuestra con hechos. En 2026, el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social alcanza los 953,1 millones de euros, el mayor de nuestra historia. Desde 2015, el Gobierno regional ha destinado más de 9.500 millones a políticas de bienestar social, con un incremento del 57% desde que Emiliano García-Page es presidente. Hemos pasado de invertir 1,6 millones al día en 2015 a 2,6 millones diarios en 2026. Esto no es una cifra: es una decisión política sostenida.

Pero la gente -y tiene razón- no vive en notas de prensa; vive en plazos. Vive en si una prestación llega cuando toca, en si una familia puede conciliar, en si una persona mayor está segura en su casa, en si un proyecto social puede seguir abierto sin meses en blanco entre una convocatoria y la siguiente. Por eso, además de invertir más, trabajamos para agilizar y anticipar convocatorias año tras año, evitando interrupciones y garantizando continuidad a las entidades y a los programas que sostienen a miles de personas. Lo hemos vuelto a hacer este año siendo la primera comunidad en resolver y pagar la convocatoria del IRPF social, dando estabilidad al Tercer Sector y alcanzando en 2026 la cifra récord de 20,5 millones de euros en la misma. Y lo reforzamos con convocatorias de inclusión con horizonte plurianual, precisamente para que la financiación no se convierta en una carrera de obstáculos.

Esa filosofía también se ve en la dependencia. Castilla-La Mancha ha iniciado 2026 con sus mejores datos históricos: más de 82.000 familias atendidas diariamente y 118.000 prestaciones, con cerca de 1.000 incorporaciones al mes. Y, algo decisivo, resolvemos en 165 días de media, frente a 341 días en el conjunto del país. La justicia social también es esto: que un derecho llegue a tiempo.

La teleasistencia pública avanzada de Castilla-La Mancha es otro ejemplo: más de 86.000 personas atendidas, presencia en el 93% de los municipios que representan el 99% de la población, registrando más de dos millones de llamadas anuales. Son datos que aportan tranquilidad, prevención, autonomía y vidas acompañadas.

Y, sin embargo, sería irresponsable cerrar los ojos: la macroeconomía puede ir bien y, aun así, demasiada gente seguir fuera. Los avances recientes sobre pobreza y exclusión, con datos de mejora leve en el último año, nos recuerdan que la realidad es compleja, que hay vulnerabilidades que se heredan y que la pobreza no es un accidente individual: es un fenómeno multidimensional que exige políticas integrales, ágiles y persistentes.

Por eso estamos desplegando la II Estrategia Regional contra la Pobreza y la Desigualdad Social (2025-2030): un marco transversal, basado en derechos, que busca pasar del diagnóstico a la ejecución, con medidas, metas claras y seguimiento.

En Castilla-La Mancha sabemos también que la justicia social no puede depender del código postal. Y lo decimos en una región extensa, con dispersión territorial, donde llegar a un barrio urbano y a un pueblo pequeño exige voluntad y recursos. Por eso reforzamos los Servicios Sociales de Atención Primaria y hemos ampliado equipos: hoy contamos con 1.010 profesionales, frente a los 596 que quedaron tras los recortes de etapas pasadas. Y por eso mismo reclamamos igualmente justicia social para la financiación que recibimos las comunidades autónomas; justicia social para que no se atiendan sólo unas ‘singularidades’ y otras, sin embargo, no se aborden de una manera justa. ¿O es que la dispersión territorial no es acaso una notable idiosincrasia, o singularidad si queremos mantener el término, que debería contar, y mucho, como baremo para reforzar al que menos tiene?

Termino con una convicción sencilla: este viernes no basta con conmemorar. Hay que comprometerse. Y comprometerse significa tres cosas muy concretas: presupuesto, plazos y continuidad. Porque la justicia social empieza donde termina la excusa. 

Bárbara García Torijano

Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha