La presunta víctima presenta una discapacidad psíquica del 65% (59% de limitación y 6% de factor social) reconocida en virtud de resolución administrativa de 13 de febrero de 2014, en la que se dictaminó “inteligencia límite con trastorno mental leve, trastorno depresivo y de ideas delirantes”.

Sus tutores legales son sus padres desde 2016

Además, desde octubre de 2016, está declarada incapaz para la administración de sus bienes y la realización de actos jurídicos complejos, de los que son tutores sus padres, aunque sí tiene capacidad para trabajar y mantuvo relación laboral desde el año 2004 con la empresa de limpieza del acusado, un hombre de 60 años en la actualidad.

Una «relación sentimental» con la empleada

El fiscal considera que el acusado, entre 2019 y 2023, mantuvo una relación sentimental paralela a la de su matrimonio con encuentros frecuentes y continuos con la mujer discapacitada, “únicamente en los distintos centros de trabajo (comunidades de vecinos) donde la mujer prestaba sus servicios como personal de limpieza”

Se supone que a partir del mes de julio de 2022 y hasta el mes de febrero de 2023 esos encuentros comenzaron a ser de naturaleza sexual y consistían en que la mujer le practicaba sexo oral si bien “la denunciante no se encuentra en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente la práctica de relaciones sexuales vía oral”.

“No tiene capacidad de prestar consentimiento”

El ministerio fiscal dice que, a la vista de su historial clínico y patologías psiquiátricas, la mujer se muestra como “una persona especialmente vulnerable e influenciable por la figura del acusado como jefe de la empresa donde trabaja y sin capacidad para prestar consentimiento válido a la vista del informe médico forense”.

La fiscalía pide además de la condena de prisión, 30.000 euros por daños morales en el caso. El acusado tiene una orden de alejamiento en vigor desde febrero de 2023.

La solicitud de condena recoge también la prohibición expresa de trabajar con menores de edad durante veinte años y diez años de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de prisión.