Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) localizó a los implicados en el interior de parcelas agrícolas integradas en el entorno protegido del yacimiento, incluido en la Carta Arqueológica regional. Los acusados se desplazaban desde su lugar de residencia hasta esta zona aislada con detectores de metales y herramientas para remover la tierra con el fin de localizar objetos de valor histórico.

Sorprendidos mientras excavaban en el enclave protegido

Según la información facilitada por la Guardia Civil, al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron ocultar las piezas arqueológicas que ya habían extraído, escondiéndolas bajo el vehículo con el que se habían desplazado. La rápida intervención permitió recuperar los objetos y proceder a la identificación de los responsables del expolio.

La resolución judicial considera probado que los acusados realizaron excavaciones sin autorización en un espacio protegido, causando daños en un enclave de alto valor patrimonial.

Un daño científico irreparable para el patrimonio

La sentencia subraya que el perjuicio causado no se limita a la sustracción de objetos, sino que supone un daño irreparable al conocimiento histórico, ya que la extracción sin metodología científica destruye el contexto en el que se encontraban los restos arqueológicos.

Peritos y responsables de la administración han señalado que retirar piezas sin control técnico provoca la pérdida de información esencial sobre su origen y relación con otros elementos, lo que impide reconstruir con rigor la historia del yacimiento.

La resolución refuerza, según la Guardia Civil, el compromiso institucional en la lucha contra el uso ilegal de detectores de metales y el expolio arqueológico, con el objetivo de proteger un legado que pertenece al conjunto de la ciudadanía y forma parte de la identidad cultural de Castilla-La Mancha.